Hoy, a media mañana, se estará entregando el lll informe de gobierno del gobernador Rubén Rocha al congreso del estado como lo obliga el artículo 40 de la constitución política de Sinaloa, no sé si se presentara el gobernador a entregar o exponer algún mensaje o lo enviara con el secretario de gobierno Feliciano Castro, pero sea como sea, la trascendencia de cumplir esta obligación por el gobernador radicará en el mensaje que exprese y lo diga donde lo diga.
Ahí sabremos que tanto se recapitula aciertos y errores, que tanto mantiene su política hasta hoy o que tanto lo cambia.
Si reitera su discurso de los tres años anteriores y refrenda su política hasta hoy, estaremos hablando ya, de la crónica de un gobierno condenado al fracaso y al descredito mayor.
Si se presentan cambios en lo que será su conducta política futura, se podrá valorar hasta qué punto se recuperara de las crisis que vivimos y los que están puerta, se podrá hablar en lo inmediato sobre las operaciones políticas a realizar, los proyectos económicos a promover, la interlocución con el gobierno federal el fortalecimiento municipal y la organización social para construir ciudadanía.
En lo que caben de inmediato, dos acciones radicales; terminar el diferendo con la UAS y lanzar el plan de emergencia para amortiguar los daños colaterales de la crisis de inseguridad y violencia.
En el caso de la UAS será el colofón del pacto de conciliación que mandato la presidenta Claudia Sheimbaun se resolviera en una mesa de diálogo y que está arbitrando la secretaria de gobernación.
Y respecto al plan de emergencia para amortiguar socialmente la crisis de inseguridad, amerita de inmediato nombrar la comisión especial que deben encabezar el gobernador y el secretario general de gobierno, que debe trabajar a “marchas forzadas” por qué atender a decenas de miles de familias, elaborar convenios con empresas y conseguir financiamiento, que no son cosa fácil y las operaciones requieren velocidad.
Respecto a los proyectos económicos todos los ayuntamientos ya deben de tener ideas y avances al respecto en cada uno de sus municipios, pero quien interesa sobremanera, son los proyectos del capital privado, local, nacional y extranjero, tanto los que el gobierno puede promover como los que los empresarios les interese instalar en Sinaloa.
La promoción económica es una actividad muy compleja y requiere especialistas y mucha experiencia, cualidades que deben buscarse fuera del gobierno y si es necesario, fuera de Sinaloa, pero se tiene que conseguir.
El gobierno, tanto por la necesidad de construir proyectos de gran impacto social y trascendencia estatal, máxime después de haber desechado el “circuito interior de Culiacán” como la obra insignia, existen posibilidades de crear grandes obras de saneamiento ambiental que cubrirían parcialmente los objetivos de sus obras trascendentales, como podría ser el tratamiento de aguas negras y la basura.
En particular, para la gobernabilidad y desarrollo del estado, se necesita una coordinación corresponsable con el gobierno federal, que implica romper la pasividad incondicionalidad con el gobierno de la república y que los legisladores sinaloenses serán apoyos en la gestión del gobierno de Sinaloa y no comparsas del gobierno de la república o gestores para sí mismos.
En los últimos tres años, los municipios han sido muy castigados por la reducción presupuestal que les impuso el gobierno federal, por lo que habrá de organizarse también una asamblea estatal municipalista que gestione en bloque, se redistribuya a todos y no solo se favorezca a los municipios grandes.
Finalmente, el desmontaje de las redes sociales que existían antes de la 4T, propicio un desajuste de los mecanismos sociales de gestión que paralizo el activismo y el gobierno fue quien sustituyo ese andamiaje, por lo que ha resultado un controvertido mecanismo político y electoral que desarticula y disgrega a la ciudadanía, desintegrándose los cuerpos territoriales, cuestión que los gobiernos de la 4T deben reconocer que ese mecanismo de control, a ellos mismos los castiga porque son sustituidos por la centralización de decisiones que imponen.
Eso obliga a recuperar la autogestión territorial, para recuperar el activismo social y que la sociedad perciba que ellos construyen y que no es dadiva del gobierno, aunque resulten movimientos de presión por que al final son fuerzas que resultan contrapesos e impulsos para recuperar el gobierno.
Ojalá y el gobernador Rubén Rocha reoriente su gobierno, por que como va es casi seguro que se hundirá.