Guadalajara, Jalisco – Una fuerte controversia se desató tras la presentación de Los Alegres del Barranco en el Auditorio Telmex de Jalisco el pasado 29 de marzo, durante el evento “Los Señores del Corrido”. En un momento del espectáculo, mientras interpretaban el tema “El Dueño del Palenque”, las pantallas del recinto proyectaron imágenes de Nemesio Oseguera Cervantes, alias “El Mencho”, líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).
Videos que rápidamente se viralizaron en redes sociales captaron la reacción dividida del público, que incluyó desde ovaciones y aplausos hasta muestras de sorpresa e incomodidad. La proyección de fotografías reales y generadas con inteligencia artificial del capo reavivó el debate sobre la permisividad y la posible apología del delito en eventos públicos.
Este incidente se suma a otros hechos recientes en Jalisco, como el ocurrido durante el Carnaval de Autlán, donde un jinete recibió una suma considerable de dinero supuestamente de parte del mismo líder del CJNG, lo que ha generado una creciente preocupación entre las autoridades y la sociedad civil.
Ante la polémica, el Auditorio Telmex emitió un comunicado lamentando lo sucedido, aclarando que el recinto opera únicamente como un espacio de renta y que no tiene control sobre el contenido de los espectáculos. No obstante, anunciaron la implementación de medidas para evitar futuras controversias de esta índole.
El gobernador de Jalisco, Pablo Lemus, también se pronunció enérgicamente sobre el hecho a través de sus redes sociales, condenando la proyección de las imágenes y criticando la normalización de la violencia. “Lo visto en el concierto de este fin de semana va en la dirección opuesta. Todos tenemos que hacer lo que nos toca para dejar de normalizar la violencia. No debe suceder en éste ni en ningún otro lugar de nuestro estado”, sentenció el mandatario, recordando que apenas días antes había enfatizado la necesidad de erradicar la violencia en el mismo recinto.
La polémica continúa encendida, generando interrogantes sobre los límites de la libertad de expresión en espectáculos públicos y la responsabilidad de los artistas y los recintos ante la posible glorificación de figuras del crimen organizado.