Por Enrique Corrales.-
La crisis energética que padece Sinaloa no ha cesado. Con la presidenta Claudia Sheinbaum al frente del país, la población espera soluciones a los apagones que se volvieron la norma durante la administración pasada y que hoy amenazan la estabilidad de la nueva gestión. La CFE sigue demostrando una alarmante ineficiencia, y la ciudadanía se pregunta cuándo terminará esta pesadilla.
La raíz del problema no es reciente. Los datos revelan que la falta de inversión en la Comisión Federal de Electricidad es un mal heredado. Durante la administración de Andrés Manuel López Obrador, el presupuesto para inversión física de la CFE promedió 39.02 mil millones de pesos, lo que representó una caída del 21% en comparación con el gobierno de Enrique Peña Nieto, la última administración priísta. Aún más grave, la gestión anterior de Morena subejerció este presupuesto en un 22%, duplicando el promedio del sexenio de Peña Nieto, que fue del 11%. Estas cifras muestran cómo se erosionó la infraestructura eléctrica, dejando un sistema vulnerable a los apagones.
El impacto de esta herencia es palpable en Sinaloa. La CFE sigue entre las empresas más señaladas, con un aumento del 50% en las quejas durante el verano, según datos de la Profeco, la mayoría por cobros excesivos. En un estado donde las temperaturas alcanzan los 40 grados, no contar con energía es una afectación directa a la salud y a la economía familiar.
Los apagones golpean duramente el bienestar y la economía de los sinaloenses:
Salud y productividad: La gente amanece desvelada, afectando su concentración y rendimiento escolar o laboral. Esto genera un ciclo vicioso de baja productividad y malestar generalizado en la sociedad.
Alimentos y electrodomésticos: Los apagones y la faltade electricidad por horas e incluso días completos, especialmente en un clima tan caluroso, causa que la comida guardada en los refrigeradores se eche a perder.
Inseguridad: Las zonas que se quedan sin luz se convierten en “bocas de lobo”, aumentando el miedo y la sensación de vulnerabilidad de los ciudadanos, especialmente en un contexto de alta inseguridad en el estado.
Esto no solo es un desperdicio de dinero, sino que también afecta la seguridad alimentaria de las familias. Además, los continuos cambios de voltaje por los apagones y regresos de luz dañan los electrodomésticos, desde televisores hasta aires acondicionados, lo que representa un duro golpe al bolsillo de las familias que deben costear reparaciones o reemplazos.
La nueva administración de Morena ha recibido el peso de esta crisis. Es su responsabilidad no solo diagnosticar el problema, sino también actuar de manera contundente para revertir la situación. La ciudadanía exige una gestión eficiente que priorice la modernización y el mantenimiento, un servicio que corresponda a las altas tarifas que se pagan. Es momento de que los gobiernos de Morena demuestren que son capaces de resolver un problema que ellos mismos agravaron.
La gestión de la CFE, ha demostrado ser muy deficiente. No solo se ha dejado de invertir en la infraestructura, sino que la respuesta a los reportes ciudadanos, a través de la línea 071, es tardía.
Es hora de que los gobiernos de la 4T en todos sus niveles asuman su responsabilidad y dejen de poner excusas.
Los ciudadanos no debemos quedarnos de brazos cruzados. Se debe continuar la denuncia en cada falla y en cada cobro indebido, porque el servicio de electricidad no es un lujo, es una necesidad básica por la que pagamos y que de barato, no tiene nada.