Por Jesús Fernando Castillo Montoya.-
En Sinaloa, el robo de vehículos se ha convertido en una constante que trasciende las estadísticas: más de cinco mil unidades robadas en un solo año, con Culiacán y Mazatlán como epicentros de un fenómeno que no solo vulnera el patrimonio, sino que alimenta redes de crimen organizado, venta de autopartes ilegales y violencia asociada.
Ante esta realidad, el Congreso del Estado ha aprobado una reforma al Código Penal que convierte el robo de vehículos, su posesión con alteraciones en los números de serie y su tránsito ilícito en delitos de persecución oficiosa. Esto significa que el Ministerio Público podrá iniciar investigaciones sin necesidad de una denuncia previa.
Una medida aplaudible, al menos en papel. Pero como toda reforma penal, su efectividad dependerá menos de la letra legal y más de la capacidad institucional para aplicarla sin generar efectos colaterales no deseados.
LO QUE SÍ RESUELVE
La reforma rompe con una lógica de reacción tardía que durante años benefició a los grupos criminales. Permitir la actuación oficiosa del Estado elimina el freno burocrático de la denuncia y permite una intervención más ágil, especialmente en casos donde la víctima teme represalias o desconfía de las instituciones.
Además, amplía el espectro de responsabilidad penal, alcanzando no solo a quien comete el robo, sino a quien transporta, revende o circula con vehículos robados o alterados. Se trata, en teoría, de un ataque más frontal a toda la cadena delictiva.
LO QUE AÚN FALTA
Sin embargo, la realidad nos exige prudencia. Convertir un delito en oficioso no garantiza por sí solo una mejora en los índices de justicia. La pregunta clave es: ¿está el sistema preparado para esta nueva carga?
La respuesta, en el contexto sinaloense, es preocupante. Las fiscalías se encuentran rebasadas, con escasos recursos humanos y materiales. Los agentes del Ministerio Público y policías de investigación no cuentan con unidades especializadas en rastreo vehicular ni con sistemas eficaces de cruce de información interinstitucional. En ese contexto, esta reforma corre el riesgo de convertirse en una solución simbólica: una victoria legislativa sin respaldo operativo.
Más aún, la falta de protocolos diferenciados para casos de posesión de vehículos robados adquiridos de buena fe puede derivar en la criminalización de ciudadanos que, sin saberlo, compran autos con irregularidades. Esto exige una revisión técnica urgente del impacto social y legal de la medida.
RECOMENDACIONES LEGISLATIVAS
Si el objetivo real es fortalecer el combate al robo de vehículos, esta reforma debe ser el inicio de una estrategia integral. Algunas acciones legislativas urgentes serían:
1. Reformas a la Ley Orgánica de la Fiscalía General del Estado, que contemplen la creación de unidades especializadas en delitos patrimoniales de alto impacto.
2. Armonización del Código Nacional de Procedimientos Penales, para incluir criterios claros de actuación en casos de persecución oficiosa.
3. Legislación estatal para regular el mercado de vehículos usados y autopartes, con un registro obligatorio que permita identificar legalmente la procedencia de las unidades.
4. Asignación de presupuesto etiquetado, en el Presupuesto de Egresos del Estado, para implementar esta reforma con recursos suficientes en tecnología, personal y capacitación.
CONCLUSIÓN
El endurecimiento del derecho penal no debe entenderse como un fin en sí mismo, sino como una herramienta más dentro de una estrategia más amplia de seguridad, justicia y prevención.
Sin voluntad política para fortalecer las instituciones y sin vigilancia ciudadana para exigir resultados, esta reforma corre el riesgo de convertirse en lo que tantas veces hemos visto en México: una promesa legislativa con pies de barro.
La ciudadanía merece más que reformas. Merece justicia que funcione.
