Por Yamir de Jesús Valdez.-
Por décadas, en México, la autonomía universitaria fue una conquista ganada a pulso por académicos, estudiantes y defensores del pensamiento crítico. No fue una concesión graciosa del poder político, sino el resultado de una larga lucha por garantizar que las universidades públicas pudieran pensar, enseñar e investigar sin la sombra de intereses ajenos al conocimiento. En Sinaloa, la Universidad Autónoma de Sinaloa (UAS), con sus más de 150 años de historia, ha sido una de las instituciones que mejor encarna ese espíritu. Sin embargo, la autonomía no puede ni debe confundirse con opacidad.
En ese marco, el reciente Acuerdo Nacional por la Rendición de Cuentas y Transparencia en las Universidades Públicas, suscrito por la Cámara de Diputados, la Auditoría Superior de la Federación, la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior (ANUIES) y la Secretaría de Educación Pública, representa un paso necesario, oportuno y bien recibido. Se trata de construir un nuevo pacto entre las casas de estudio, el Estado y la sociedad: uno donde la confianza se gane con resultados y claridad en el uso de los recursos públicos.
El objetivo es contundente: cerrar cualquier resquicio a la corrupción en instituciones financiadas con el dinero del pueblo, sin interferir en su vida interna ni limitar su capacidad de pensamiento libre. Hoy, esa lucha pasa por demostrar que la autonomía no es sinónimo de privilegio, sino de responsabilidad frente al país.
El acuerdo firmado contempla el fortalecimiento de auditorías, la implementación de plataformas digitales de consulta pública y una mayor coordinación con los órganos de fiscalización estatales y federales. Pero también establece de manera explícita que no se afectará la autonomía universitaria, la libertad de cátedra ni la toma de decisiones en investigación.
Dede la Universidad Autónoma de Sinaloa se ha dicho fuerte: sí a la rendición de cuentas, pero sin convertir a las universidades en oficinas gubernamentales. Es un delicado equilibrio que se debe cuidar. Porque si algo hemos aprendido en Sinaloa, donde la UAS ha enfrentado embates políticos disfrazados de auditorías, es que la transparencia no puede ser utilizada como garrote político ni como vía para amordazar la crítica.
Este nuevo marco de coordinación debería asumirse no como un castigo, sino como una oportunidad para fortalecer el prestigio de nuestras instituciones. Hoy más que nunca, cuando el debate público está inundado por desinformación y discursos fáciles, las universidades deben reafirmarse como espacios de ética, ciencia y servicio social. ¿Y qué mejor forma de hacerlo que con cuentas claras y resultados palpables?
Sinaloa tiene la oportunidad de ser ejemplo nacional. La UAS, con más de 172 mil estudiantes inscritos y una cobertura que alcanza todos los municipios, debe aprovechar este acuerdo para consolidar sus sistemas internos de control, actualizar sus plataformas de transparencia y acercar a la sociedad sus logros y retos. Es tiempo de pasar del discurso a la acción.
Rendir cuentas no sólo es decir cuánto se gastó, sino explicar en qué se invirtió y con qué resultados. Por ejemplo, cuántos nuevos egresados accedieron a empleos dignos, cuántas investigaciones están transformando comunidades, cuántos convenios se han firmado para el desarrollo regional. La transparencia debe ir más allá del Excel.
En ese sentido, el filósofo español Fernando Savater nos recuerda: “Educar no es fabricar adultos según un modelo, sino liberar en cada hombre lo que le impide ser él mismo”. Para liberar ese potencial, hace falta que el aula esté equipada, que el profesor esté bien pagado, que el estudiante tenga beca, y que la universidad esté blindada contra la corrupción. Así, rendir cuentas se vuelve también un ejercicio de justicia social.
En tiempos donde la desconfianza hacia las instituciones crece, las universidades públicas tienen que ser las primeras en dar el ejemplo. Pero esa transparencia debe construirse desde el respeto a su naturaleza crítica y autónoma, no desde la sospecha permanente. El acuerdo nacional es, en teoría, un paso en la dirección correcta. Su aplicación en los estados, y especialmente en Sinaloa, será la verdadera prueba.
No olvidemos que la transparencia, cuando es auténtica y no simulada, fortalece. Y que la autonomía, cuando es consciente y bien ejercida, dignifica. Que nuestras universidades, como la UAS, sean al mismo tiempo libres y limpias, será el mejor legado para las próximas generaciones.
Porque en la educación superior se juega el futuro, pero también la ética pública.