Por Yamir de Jesús Valdez.-
Morena parece decidida a desempolvar los fantasmas fiscales que México había enterrado hace años. La propuesta de su bancada en la Cámara de Diputados para aplicar la tenencia vehicular en todo el país y regularizar el cobro del impuesto predial suena, cuando menos, inoportuna. No porque no se necesite fortalecer la recaudación, sino porque llega justo cuando el país arrastra una economía debilitada y un ánimo ciudadano que no soporta un golpe más al bolsillo.
El argumento del vicecoordinador morenista Alfonso Ramírez Cuéllar es técnico y, en parte, cierto. México tiene un serio rezago en sus catastros municipales, poca inversión local y una dependencia casi total de los fondos federales. Dice que la recaudación por predial apenas creció 1.3 % en 2024, y que si alcanzáramos el promedio latinoamericano podríamos recaudar 59 mil millones de pesos más cada año. También calcula que si la tenencia se cobrara en los 32 estados, podrían entrar entre 42 mil y 76 mil millones adicionales a las arcas públicas.
Las cifras impresionan, pero la realidad política no se mide en números, sino en percepciones. Y la percepción ciudadana es que cualquier impuesto nuevo o reactivado es un castigo. Más aún cuando se trata de la tenencia vehicular, un tributo que en Sinaloa se “eliminó” durante el sexenio de Quirino Ordaz Coppel, aunque en la práctica sólo cambió de nombre. Porque si bien se dejó de cobrar la tenencia, los costos de las calcas y el trámite de placas se encarecieron. Lo que el gobierno quitó con una mano, lo cobró con la otra.
Imponer de nuevo la tenencia sería, en Sinaloa, como escupir al cielo. Y la historia reciente del predial en Culiacán lo confirma. El exalcalde Jesús Estrada Ferreiro intentó actualizar el cobro del impuesto como medida para mejorar la recaudación municipal. La reacción fue inmediata: el Congreso local —de mayoría morenista, por cierto— se le fue encima y el conflicto terminó siendo una de las causas políticas que contribuyeron a su destitución. Hoy, paradójicamente, el mismo partido impulsa a nivel federal lo que condenó a nivel local.
Ese doble discurso no pasa desapercibido. Cuando se trata de recaudar, los gobiernos tienden a olvidar las razones por las que sus antecesores pagaron costos políticos. La tentación de buscar más dinero es comprensible; la falta de autocrítica, no.
Hay que reconocer que el país vive un apretón económico serio. Los municipios apenas pueden invertir en infraestructura, servicios o equipamiento. En 2024, la inversión pública de los estados apenas rebasó los 140 mil millones de pesos. Las arcas están vacías, y la Federación ya no reparte como antes. Pero el remedio que propone Morena podría resultar peor que la enfermedad.
Primero, porque llega en el peor momento político posible. A menos de dos años de que empiece el proceso electoral de 2027, revivir impuestos tan impopulares puede volverse un bumerán. ¿Qué partido, con mínima sensibilidad, se arriesgaría a subir impuestos justo cuando empieza a pedir votos? Segundo, porque la gente ya no confía en que ese dinero se use bien. Antes de pedirle más al ciudadano, habría que rendir cuentas claras sobre cómo se gasta lo que ya se cobra.
No se trata de negar la necesidad de modernizar el catastro ni de mejorar la eficiencia recaudatoria. Nadie discute que hay municipios que ni siquiera tienen registros digitales ni cartografía actualizada. Pero mientras la ciudadanía siga viendo calles destruidas, servicios precarios y gobiernos que cambian de camionetas cada seis meses, cualquier intento de aumentar impuestos será recibido como una provocación.
En el fondo, el debate no es económico, sino moral. La gente está cansada de pagar por un Estado que no responde. Y cuando el discurso oficial habla de “sostenibilidad de las finanzas locales” mientras en los hechos se derrocha o se improvisa, la credibilidad se evapora.
México no necesita más impuestos; necesita gobiernos que gasten mejor. Que cobren con justicia, pero también con resultados. Y si de verdad Morena quiere modernizar el sistema catastral o recuperar la tenencia, debería empezar por transparentar el destino de esos recursos y garantizar que lleguen a donde más se necesitan: seguridad, transporte público, drenajes, alumbrado, escuelas.
La fórmula de “págame más para que te vaya mejor” ya no convence a nadie. Menos cuando la población ve que el dinero no se traduce en bienestar. Si se insiste en avanzar con esta propuesta, el partido en el poder corre el riesgo de chocar de frente con la sociedad que le dio su respaldo.
Revivir la tenencia o endurecer el predial puede sonar razonable en los foros técnicos, pero en las calles se escucha distinto. En Sinaloa, y en buena parte del país, ese tipo de reformas se sienten como un castigo, no como una solución. Y si algo debería haber aprendido este gobierno —tras tantos conflictos locales y desencuentros con la gente— es que no hay impuesto más caro que el que se cobra sin legitimidad.