Por Yamir de Jesús Valdez.-
Otra vez Sergio Torres. Cada vez que ve peligrar su lugar en el escaparate mediático, dispara contra la Universidad Autónoma de Sinaloa. Ocurrió de nuevo esta semana. A sabiendas de que la dirigencia estatal de Movimiento Ciudadano pasará a manos de Sergio “El Pío” Esquer, el aún líder naranja —con la puerta de salida a la vista— necesitaba un golpe de efecto. Y lo busca donde siempre: en la institución que, con 152 años de historia, ha sobrevivido a guerras, crisis económicas y modas partidistas.
Primero fue el supuesto “tarifazo” del 50 % en las cuotas de inscripción. Sobre el papel la cifra luce escandalosa, hasta que se contrasta con los números duros. Según el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), el costo promedio anual de una licenciatura en universidad pública es de 13 824 pesos. La UAS, incluso tras el ajuste, mantiene su cuota en 2 500 pesos al año, la más baja del país y cinco veces inferior al promedio nacional. Póngase en contexto: la Universidad Autónoma de Oaxaca y la de Zacatecas cobran más de 15 500; la de Sonora, 12 145. Con esa simple comparación se desploma la narrativa del rector “insensible” que —según Torres— “encarna la uña” en los bolsillos de las familias.
A la accesibilidad se suma la cobertura. Para el ciclo 2025-2026 la UAS admitirá al 100 % de los aspirantes y recibirá a más de 45 000 estudiantes de nuevo ingreso; además, abrirá grupos “A” de Medicina en Mazatlán, Culiacán y Los Mochis, y de Odontología en la capital. Todo esto sin sacrificar investigación, cultura ni deporte y, por si fuera poco, con exoneraciones de cuota a quienes sostienen promedios de excelencia. Bajo la rectoría del Dr. Jesús Madueña Molina, la Casa Rosalina no solo mantiene la matrícula más amplia del noroeste, sino la infraestructura que la respalda: laboratorios acreditados, bibliotecas remodeladas y espacios deportivos que muchas universidades públicas envidiarían.
Frente a esa realidad, Torres recitó en tribuna un libreto de catástrofe: “desastre financiero”, “miles de aviadores”, “gastos superfluos en gasolina y carros del año”. No presentó un solo documento que sustente tales acusaciones; lo que sí dejó claro es su puntería política. Desacreditar a la UAS sirve para dos propósitos simultáneos: distraer del relevo inminente en MC y posar de cruzado anticorrupción ante un electorado juvenil que valora la educación pública. Lo paradójico es que la universidad publica sus estados financieros y se somete a la Auditoría Superior del Estado y a la ASF, mientras el historial de Torres —cuando presidió Culiacán— sigue marcado por señalamientos de opacidad.
Su desesperación alcanzó tono tragicómico cuando —según dicen— él mismo difundió el rumor que la exdirigente priista y diputada local Paola Gárate había “saltado” a Movimiento Ciudadano. La propia legisladora tardó minutos en desmentirlo y reafirmar su militancia tricolor. La maniobra expuso, otra vez, la urgencia del dirigente naranja por fabricar titulares que sostengan su imagen de “opción fresca” mientras los mandos nacionales reacomodan piezas en Sinaloa. Si el plan era exhibir músculo, reveló flacidez: no sumó a la diputada, no movió encuestas internas y quedó aún más lejos de la candidatura al Senado, la alcaldía de Culiacán o —ni se diga— la gubernatura.
Conviene preguntar quién ve la paja y quién la viga. Torres exige auditorías especiales a los “ingresos propios” de la UAS, pero olvida que los municipios que gobernó arrastran observaciones millonarias sin solventar. Reclama “solidaridad” con las familias cuando su partido votó en contra de ampliar el fondo federal para universidades públicas. Y acusa de “desastre financiero” a una institución que, aun con un déficit estructural —provocado por subsidios federal-estatales que crecen por debajo de la matrícula— sigue siendo la más barata de México y la que mayor cobertura ofrece en Sinaloa.
Golpear a la UAS puede acaparar reflectores un par de días, pero erosiona algo más valioso: la confianza social en la educación pública. Cada titular incendiario repercute en estudiantes que dependen de becas, en investigadores que gestionan fondos internacionales y en padres que, con salarios mínimos, pagan 2 500 al año para que sus hijos sean los primeros universitarios de la familia. Desprestigiar la Casa Rosalina no fortalece a un partido; debilita a todo un ecosistema estatal que requiere profesionistas para atraer inversión, innovar en agricultura y contrarrestar la violencia con oportunidades.
La lección es sencilla: si Movimiento Ciudadano quiere crecer, debe ofrecer propuestas serias. En vez de eso, su dirigente opta por rumores de pasillo y discursos huecos; en política, como en el futbol, cuando faltan goles se recurre al juego brusco para ocultar carencias tácticas.
Mientras tanto, la UAS seguirá haciendo lo suyo: abrir aulas, otorgar exoneraciones por excelencia y demostrar que la educación pública puede ser de calidad, incluyente y sostenible. Lo hará, como siempre, sin importar quién suba a la tribuna o a la dirigencia naranja. Las luces se apagan y las cifras quedan: 45 000 jóvenes de nuevo ingreso, 2 500 pesos de cuota anual y una universidad que sigue siendo —para bien de Sinaloa— el proyecto colectivo más grande y accesible del noroeste mexicano.