Culiacán, Sinaloa.- El Grupo Parlamentario del PRI dio un paso significativo hacia el fortalecimiento de la participación ciudadana al presentar una iniciativa ante el Congreso del Estado de Sinaloa. La propuesta busca elevar a rango constitucional la figura de “Cabildo Abierto” como un mecanismo fundamental para que los ciudadanos puedan incidir directamente en las decisiones de sus Ayuntamientos.
La iniciativa plantea reformas a la Constitución Política del Estado de Sinaloa con el objetivo de consagrar el derecho de toda persona, colectivo u organización legalmente constituida a presentar propuestas, opiniones o proyectos ante las autoridades municipales a través de las sesiones de Cabildo Abierto.
Un punto central de la propuesta es establecer la obligación para los Ayuntamientos de calendarizar y celebrar estas sesiones, así como de emitir respuestas fundadas y motivadas a las peticiones ciudadanas. Para garantizar la efectividad de este mecanismo, se propone que las decisiones derivadas del Cabildo Abierto no puedan ser objeto de “negativa ficta”, asegurando así que cada solicitud reciba una respuesta clara y transparente.
La iniciativa propone la adición del artículo 4 Bis D a la Constitución local, el cual estipula el derecho de los ciudadanos a participar mediante el Cabildo Abierto y la obligación de los Ayuntamientos de garantizar un acceso equitativo e incluyente a este mecanismo. Además, subraya que las resoluciones deberán estar debidamente fundamentadas y motivadas, sin posibilidad de negativa ficta.
Para asegurar el cumplimiento de estas disposiciones, la iniciativa designa al Tribunal Electoral del Estado de Sinaloa como la instancia encargada de revisar de manera ágil y expedita cualquier acto u omisión de las autoridades municipales en relación con el Cabildo Abierto.
Asimismo, se establece que el desacato a las resoluciones del Tribunal Electoral en materia de celebración obligatoria de sesiones de Cabildo Abierto, o la reincidencia en esta falta, serán causales para la aplicación de sanciones administrativas e incluso el inicio de un juicio político contra los integrantes de los Ayuntamientos responsables.
La iniciativa fue turnada a la Comisión de Puntos Constitucionales y Gobernación para su análisis y posterior dictaminación.