Culiacán, Sinaloa, 22 de abril de 2025.- En su Sesión Ordinaria de este martes, el Congreso del Estado de Sinaloa dio lectura a tres iniciativas de gran relevancia social. Entre las propuestas destacadas se encuentran la tipificación como delito de las lesiones cometidas contra mujeres por razones de género, así como el incremento de las penas para deudores alimentarios, quienes además podrían enfrentar restricciones para ocupar cargos de elección popular.
La primera iniciativa, presentada por el Grupo Parlamentario de Morena, busca adicionar el capítulo II Bis al Código Penal estatal, denominado “Lesiones cometidas contra la mujer por razones de género”. Los artículos propuestos, 138 Bis A y 138 Bis B, buscan sancionar específicamente la violencia física dolosa cometida contra mujeres por motivos de género. Se contemplan agravantes cuando las lesiones sean infamantes, degradantes o mutilaciones, o cuando existan antecedentes de violencia de género por parte del agresor, especialmente en relaciones de poder o afectivas. Las penas de prisión oscilarían entre seis y doce años, con multas y aumentos de pena según la gravedad de las lesiones y la existencia de deformidades o daños permanentes. Este delito se perseguiría de oficio.
La segunda iniciativa, del Grupo Parlamentario del PVEM, propone adicionar una fracción XV al artículo 4 BIS A de la Constitución Política del Estado de Sinaloa, referente al Derecho a la Ciudad. Esta adición busca establecer constitucionalmente el derecho humano a la ciudad como un derecho colectivo que promueve la igualdad, la sustentabilidad, la justicia social, la participación democrática, el respeto a la diversidad cultural y étnica, la inclusión social, la distribución equitativa de bienes públicos y la justicia territorial, con especial atención a los grupos vulnerables. Se incluye la función social de la propiedad urbana y el derecho de todos los ciudadanos a participar en la propiedad del territorio bajo parámetros democráticos de justicia social.
La tercera iniciativa, también del Grupo Parlamentario de Morena, plantea reformas, adiciones y derogaciones a diversas leyes en materia del Registro Nacional de Obligaciones Alimentarias. Se propone la coexistencia del Registro de Deudores Alimentarios Morosos estatal con el Registro Nacional, buscando una protección más efectiva de los derechos de niñas, niños y adolescentes. Se definen con mayor precisión los derechos alimentarios, incluyendo aspectos como atención médica y psicológica, gastos de embarazo y parto, y formación profesional. Una medida significativa es la limitación para deudores alimentarios morosos de postularse a cargos de presidencia municipal, sindicaturas, regidurías y cargos concejiles. Además, se propone aumentar las penas de prisión y las multas para quienes incurran en el delito de incumplimiento de obligaciones alimentarias, tanto en su forma genérica como al colocarse en estado de insolvencia. También se establece la obligación para notarios públicos de solicitar constancias de no inscripción en ambos registros en casos de compra-venta de inmuebles y transmisión de derechos reales.
Las tres iniciativas fueron turnadas a una segunda lectura para su posterior análisis y votación en el pleno del Congreso.