La fiscalía General de Sinaloa no tiene ni diez años, se creó en el año 2017 para sustituir a una maltrecha procuraduría con mala fama, no solo eso con su último titular manchado por la desaparición del joven Edgar García Hernández con quien se le relacionó personalmente antes de su secuestro.
Parece que la FGE no solo heredo edificio y patrimonio de la PGJE sino también su mala fama y sus inercias tóxicas que dañan la vida institucional de la principal responsable de la procuración de justicia en Sinaloa.
La cosa empezó mal la ser nombrado el primer fiscal de Sinaloa Juan José Ríos Estavillo cuyo único mérito era su cercana amistad con el gobernador Quirino Ordaz Coppel, su gestión pecó de frivolidad al mantenerse alejado de los grupos de víctimas, opacidad al no saberse que hizo con los casi mil millones de pesos anuales que recibió de presupuesto y al llevarse encerrado sin darle la cara a la sociedad.
Parecía que no podía ser peor, pero nos equivocamos, hoy tenemos una fiscalía acusada de ocultar la verdad, así de paradójico, la institución responsable de buscar la verdad en los hechos delictivos para lograr justicia, se dedicó a mentir para buscar impunidad para un tercero o terceros.
La Fiscalía General de la República ya declaró que busca detener a personal de la FGE que haya participado en el montaje que se armó sobre el asesinato del maestro Héctor Melesio Cuén Ojeda, el pasado 25 de julio; Y también ha demostrado que esa institución entonces a cargo de Sara Bruna Quiñónez traicionó al pueblo sinaloense, al intentar encubrir un delito, cuando su compromiso es lo contrario.
Tenemos hoy una fiscalía con cero credibilidad, una ex fiscal cuyo paradero es desconocido desde que salió de la escena pública y una nueva fiscal que también formaba parte de la institución al momento de cometerse los delitos que ahora se le señalan a la FGE.
La FGE en menos de diez años, con tan solo siete de existencia ya lleva tres titulares, todas ellas manchadas por la subordinación al poder legislativo e intereses político particulares que han vuelto letra muerta su autonomía; y peor aún una herramienta de persecución política.
El complot en el caso Cuén no es la única muestra de lo perversión de la FGE, sino también la fabricación de delitos contra Jesús Estrada Ferreiro, Luis Guillermo Benítez y sobre todo con la dirigencia de la Universidad Autónoma de Sinaloa, tal como lo demuestran los diversos amparos concedidos por jueces federales a los antes mencionados.
Salir de esta crisis de credibilidad será difícil y conlleva a un profundo análisis de como evitar que en el futuro la FGE que es clave para la justicia en nuestra vida pública, además de manejar un presupuesto multimillonario, vuelva a caer en manos de grupos de poder que decidan darle un uso faccioso y hasta criminal.