La reciente controversia en torno a los narcocorridos ha vuelto a poner a prueba la cohesión dentro de Morena y la postura del gobierno frente a un fenómeno cultural que divide opiniones. Tras un violento incidente en un concierto de Luis R. Conriquez, donde los seguidores del artista reaccionaron de manera agresiva al negarse a interpretar corridos, la discusión sobre la prohibición de este tipo de música ha cobrado fuerza.
La presidenta Claudia Sheinbaum ha sido clara en su defensa de la libertad musical, afirmando que “los narcocorridos no están prohibidos”, aunque su administración busca promover contenidos más positivos. En su propia narrativa, Sheinbaum ha enfatizado la importancia de construir conciencia social sobre los efectos nocivos de glorificar la violencia y el narcotráfico, un enfoque que busca desviar la atención de las críticas que la acusan de censura.
Sin embargo, en su propio partido, Morena, hay voces que claman por un enfoque más restrictivo. Legisladores y gobiernos estatales, como el de Jalisco y el Estado de México, han comenzado a implementar medidas que vetan la presentación de artistas que hagan apología de la violencia. La diputada de Morena en Jalisco ha propuesto incluso penas de cárcel para quienes canten o reproduzcan narcocorridos. Este enfoque prohibicionista, aunque popular entre algunos sectores, ha sido criticado por expertos en derechos humanos y sociología, quienes argumentan que la censura no es la solución al problema de fondo: la violencia en el país.
La historia de los narcocorridos es larga y compleja. A lo largo de las décadas, han sido objeto de censura en diferentes momentos de la historia mexicana, y aunque han sido prohibidos en varios estados, su popularidad no ha disminuido; de hecho, muchos artistas han encontrado formas de adaptarse a la censura, creando letras aún más explícitas que reflejan la brutalidad de la realidad que viven. Peso Pluma, con su variante de corridos tumbados, se ha convertido en uno de los artistas más reproducidos en plataformas como YouTube, desafiando el statu quo.
El sociólogo José Manuel Valenzuela ha señalado que “el error es seguir pensando que combatiendo los corridos se combate el problema de fondo”, refiriéndose a la violencia que alimenta estas narrativas. La capacidad de los gobiernos para regular la cultura y el arte siempre ha sido un tema delicado, y la línea entre la libertad de expresión y la apología de la violencia es un campo de batalla constante.
Leopoldo Maldonado, abogado de la ONG Artículo 19, enfatiza que criminalizar a los artistas es una solución fácil para los políticos que no están dispuestos a abordar las raíces de la violencia en México. Según él, es posible actuar contra quienes incitan al odio sin recurrir a la censura previa, algo que es inconstitucional.
En este contexto, el dilema es claro: ¿debería el gobierno prohibir los narcocorridos o encontrar formas más efectivas de promover una cultura que no glorifique la violencia? La respuesta no es sencilla, y mientras las tensiones políticas continúan, el debate sobre la libertad de expresión y la responsabilidad social en la música seguirá siendo un tema candente en México.
La política y la música, en este caso, están entrelazadas de manera compleja, y solo el tiempo dirá si la estrategia de promover conciencia tendrá éxito o si, por el contrario, las voces de los narcocorridos seguirán resonando en el corazón de la cultura popular mexicana.
Con información de AP.