Por: Jesús Alfonso Durán
El paquete económico presentado por el gobierno de Claudia Sheinbaum pretende mostrarse como un ejercicio de disciplina fiscal y sensibilidad social, pero al mirarlo de cerca surgen varias luces amarillas.
Por un lado, la administración presume que no hay una reforma fiscal integral ni nuevos impuestos masivos, pero en la práctica introduce incrementos al IEPS en refrescos, tabaco, videojuegos violentos y apuestas en línea, que funcionan como una mini-reforma fiscal disfrazada. Son impuestos políticamente fáciles (nadie va a defender a las refresqueras o a las tabacaleras) pero su impacto en el bolsillo de las familias de menores ingresos es innegable: terminan siendo tributos regresivos que golpean más a quienes menos tienen (los refrescos suben $1.4367 por litro).
El gasto social vuelve a ser el gran ancla del presupuesto, con casi un billón de pesos destinados a 14 programas prioritarios, en especial pensiones y becas. Esto es positivo para la base política de la 4T y para el alivio inmediato de la pobreza, pero también perpetúa un modelo de política social altamente asistencialista, que depende de transferencias directas más que de políticas productivas o de generación de empleo.
La gran apuesta sigue siendo Pemex, que recibe un presupuesto creciente y transferencias para pagar su deuda. Esto es una espada de doble filo: por un lado, evita que la petrolera se hunda y arrastre las finanzas públicas; por otro, posterga la diversificación energética y perpetúa la dependencia de una empresa que no ha podido ser eficiente ni competitiva.
En materia de déficit, aunque baja ligeramente a 4.1 % del PIB, sigue siendo elevado para un país que presume prudencia fiscal. Esto significa que el gobierno seguirá recurriendo al endeudamiento para financiar gasto, en un contexto de tasas de interés que podrían mantenerse altas.
En resumen, el paquete 2026 es conservador en lo político y arriesgado en lo económico: evita confrontaciones con grandes contribuyentes o reformas profundas que podrían generar resistencia, pero apuesta por extraer más recursos del consumo popular y sostener a Pemex con dinero público. El riesgo es que este modelo no sea sostenible a mediano plazo y que, cuando el ciclo económico se desacelere, el gobierno se quede sin margen de maniobra fiscal.