CHISPAZO
Por Felipe Guerrero Bojórquez.-
Rubén Rocha Moya y Enrique Inzunza tienen 90 días completamente desaparecidos de la escena pública, pero siguen operando desde la oscuridad. Quieren, con el poder y la protección que aún tienen, continuar con el control de Sinaloa.
Su objetivo central ya no es solo ver cómo regresan sanos y salvos a sus posiciones, ni únicamente tratar de diluir las serias acusaciones de la justicia de Estados Unidos, sino eliminar de la contienda interna de Morena a dos de sus contrincantes: Imelda Castro y Gerardo Vargas.
A la primera le revocaron la acusación por presuntos actos adelantados de campaña, y al segundo le abrieron otro expediente por presunto desvío de recursos cuando fungía como alcalde de Ahome. En ambos casos queda muy claro el uso del Poder Judicial como ariete político.
La estructura que mantienen en Sinaloa y el respaldo de Andrés Manuel López Obrador a través de sus hijos y de Adán Augusto López, Ricardo Monreal e Ignacio Mier, los hace creerse poderosos, incluso por encima de la propia presidenta Claudia Sheinbaum, a la que ven como una dependiente de Palenque que recibe la orden para protegerlos.
Eso explica por qué Sinaloa sigue a la deriva y en manos de quienes hoy actúan como prófugos, pero al mismo tiempo protegidos con el manto del poder de los López y con los compromisos que siguen destruyendo a las instrucciones del Estado.
Eso también explica por qué actúan así, aun en su condición de perseguidos por Estados Unidos, y sin ofrecer la más mínima señal de dignidad humana ni vergüenza política por no dar la cara a la sociedad sinaloense.
Al rochismo, lo que menos le importa es Sinaloa, su gente, su destino, y la encarnizada violencia que padece, generada por la impunidad y el presunto acuerdo fáctico.
¿El rochismo representa las aspiraciones históricas de la izquierda? Solo habría que ver cómo los antecedentes de quienes ejercen puestos públicos indican otra cosa y cómo, a la administración estatal y municipal, arribó gente “extraña”, además de parientes, compadres, ahijados, amigos, socios y recomendados.
Nunca como antes, ni en la historia del PRIAN, se había visto tanta descomposición en un gobierno que, por cierto, dejó de operar, en condiciones relativamente normales, antes de cumplir los tres años de ejercicio constitucional. Un gobierno que nos quiso vender la honestidad, la austeridad y la transparencia y que ahora, de acuerdo a una investigación del periódico Noroeste, nos hereda una deuda por encima de los cinco mil millones de pesos, que seguirá creciendo en los próximos meses hasta ahogar el inicio del próximo sexenio. Una exorbitante pasivo que, por cierto, no está respaldado a la vista por la obra pública a la que se comprometió el rochismo y que debe ser objeto de una investigación inmediata y a fondo.
Pese a todo ello, pese a las acusaciones de Estados Unidos que, se dice, están por agravarse, Rubén Rocha y el senador Enrique Inzunza siguen gobernando: dan órdenes, hacen cambios, llaman directamente a sus operadores, a la gobernadora interina, al Secretario General de Gobierno, al Secretario de Finanzas, a los alcaldes, al Congreso, al Poder Judicial, a la Fiscalía, al Tribunal Electoral, etcétera.
Ellos quieren seguir al frente del poder en Sinaloa. Y harán lo que esté a su alcance para lograrlo. Tienen margen, no hay duda. Cuentan con todo el apoyo del obradorismo y su comportamiento sigue siendo soberbio, a pesar de su condición de prófugos del “imperio”.
En Sinaloa hay antecedentes diversos en la lucha por el poder. Algunos han terminado en desgracias políticas, pero otros han resultado en tragedias sangrientas. Por eso no es casual que la senadora Imelda Castro, la candidata de la presidenta Claudia Sheinbaum a la gubernatura, traiga ahora protección federal.