Redacción.- Un juez federal ordenó reestablecer al doctor Jesús Madueña Molina como rector en funciones de la Universidad autónoma de Sinaloa (UAS), sin embargo, el juez de control en Sinaloa, no ha respetado dicho mandato judicial, declaró Milton Ayala Vega, defensor del afectado.
Madueña fue separado de sus funciones en la rectoría como medida cautelar, durante un proceso en su contra por supuesto abuso de poder; aunque solicitó un amparo que derivo en el mandato de ser restituido.
Tras tres semanas de haber obtenido dicho triunfo judicial, este mandato no se ha cumplido, ya que el juez de control no ha citado a una comparecencia extraordinaria para cambiar la medida cautelar, y restablecer en funciones al dirigente universitario.
“El Poder Judicial del Estado de Sinaloa está secuestrado por el Poder Ejecutivo, está sometido al Poder Ejecutivo y por eso no han acatado, aún cuando existe el riesgo que ahora sí los jueces del Fuero Común sean procesados penalmente por ese delito de desacato o de incumplimiento de una suspensión definitiva emitida en un juicio de amparo debidamente notificado”, expresó el abogado defensor.
Ayala Vega, señaló que la UAS inicia este 2024 nuevamente con la lucha por la Autonomía Univesitaria, una lucha que empieza temprano pues se fijó una audiencia para el día 9 de enero para revisión de medidas cautelares respecto al proceso 836 por presunto abuso de autoridad relativo a la auditoría de los recursos propios de la Universidad, a pesar de que un Tribunal Colegiado en materia administrativa ya estableció que no son auditables por el estado, son auditables por el Consejo Universitario.
Indicó que en otro proceso, el 1170, se interpuso un amparo y se concedió una suspensión definitiva para efecto de que se quitara la medida cautelar de separación del Rector y las suspensiones, de acuerdo a la Ley de Amparo, se deben de cumplir inmediatamente, o sea, dentro de las 24 horas que fueron notificados, pero hace más de 3 semanas que fue notificada esa resolución y hasta el día de hoy no se ha pronunciado el Juez de Control, lo que claramente constituye un delito establecido en la propia Ley de Amparo.