La locura dictatorial
Por Jose Luis Lopez Duarte.-
La administración de Andrés Manuel López Obrador (AMLO) se caracterizo por su constante enfrentamiento con las instituciones que, en teoría, deberían ser pilares del sistema democrático mexicano. Sin embargo, esta confrontación ha tomado rumbos inquietantes, donde la presidenta, Claudia Sheinbaum, parece haber sucumbido a la presión de una crítica creciente y ha comenzado a cerrar la pinza de una autocracia que, cada vez más, se asemeja a una paranoia de poder.
El reciente proceso de selección para integrar el poder judicial es un claro ejemplo de estas acciones. La cínica negación por parte de la presidenta Sheinbaum y de la líder de Morena, Luisa María Alcalde Luján, de haber manipulado dicho proceso, contrasta con la clara evidencia de un sistema electoral diseñado para favorecer a sus intereses. Afirmar que los “acordeones” de candidatos fueron confeccionados por la misma gente es desestimar la inteligencia del electorado. Es como si creyeran que los mexicanos son tontos o están dispuestos a aceptar cualquier narrativa que les impongan.
El Instituto Nacional Electoral (INE), aunque ha sido un bastión de la democracia, ha enfrentado embates severos por parte de este régimen. La furia de AMLO y sus acólitos hacia aquellos consejeros que simplemente ejercieron su deber de señalar irregularidades en el proceso electoral notorio, es una muestra palpable de que la tolerancia hacia la crítica es, en el mejor de los casos, limitada. Amenazar al INE es poner en jaque una de las pocas instituciones que aún conserva cierto grado de independencia.
Desde la eliminación de diversos organismos cruciales como el CONEVAL y el INAI, hasta la propuesta de abrir las puertas de las fuerzas armadas a la política electoral, la administración de la 4T parece estar llevando a cabo un asalto sistemático a la autonomía de las instituciones en México. Esto recuerda a épocas oscuras donde las decisiones del poder ejecutivo se imponían sin oposición. Si esto no huele a dictadura, seguramente se acerca demasiado a sus características.
Lo más alarmante es cómo incluso aquellos que han sido leales a la 4T empiezan a mostrar signos de rubor ante la magnitud de las transgresiones constitucionales que se han perpetrado. El hecho de que algunos miembros de este círculo lleguen a titubear ante el evidente fraude electoral que se ha materializado en la elección del poder judicial es un indicativo de que estos desatinos no solo afectan la imagen exterior del gobierno, sino también la moral interna de quienes lo respaldan.
Además, la cadena de instituciones que han sido desmanteladas o sumidas en la burocracia gubernamental —la Lotería Nacional, el Conacyt y más— refleja un patrón de avasallamiento que pone en riesgo el funcionamiento democrático del país. Esta erosión de la autonomía es peligrosa; no solo porque afecta a las instituciones, sino porque envía un mensaje claro sobre el desprecio por los contrapesos necesarios en toda democracia.
Por otro lado, las megaconstrucciones emblemáticas de AMLO, como el aeropuerto de Santa Lucía y el Tren Maya, se presentan como monumentos al derroche y la falta de visión a largo plazo. En un país donde la pobreza y la inseguridad siguen siendo problemas críticos, es difícil entender cómo seguir apostando a proyectos faraónicos sin considerar las verdaderas necesidades de la población.
Para culminar, el desastre en salud y seguridad durante esta administración podría tener repercusiones legales significativas para muchos miembros del gobierno. Sin embargo, la impunidad que ha rodeado a este régimen ha creado un clima en el que pueden actuar sin temor a represalias. Hay que recordar que un sistema que permite tales abusos no es solo un reflejo de fallas institucionales, sino también de una narrativa de poder que tiene la ambición de hacerse con todo. El camino que ha tomado la 4T es peligroso y, si no se corrigen los rumbos, podría llevar a México hacia una severa crisis democrática.