Por Jose Luis López Duarte.-
En un contexto donde la agricultura es la columna vertebral de la economía sinaloense, la demanda de apoyo por parte de los productores se ha vuelto un clamor generalizado que no puede ser ignorado. Los agricultores de esta región han alzado la voz para solicitar al gobierno de la República que actúe con solidaridad y compromiso, garantizando las condiciones necesarias para cerrar el ciclo primavera-verano de manera efectiva. La necesidad de planificación y apoyo en la producción y comercialización de granos y tomate es apremiante; de lo contrario, el ciclo de otoño-invierno podría enfrentar un desastre inminente.
Afortunadamente, la lluvia ha mostrado compasión hacia Sinaloa, con un mes de julio que registró precipitaciones récord. Esta regularización en las lluvias ofrece una oportunidad invaluable para reactivar las siembras, incluidas aquellas que fueron abandonadas previamente debido a la sequía devastadora. Sin embargo, el reto no solo radica en la cantidad de agua disponible, sino también en la capacidad del gobierno para actuar de manera rápida y eficiente.
Es crucial que se realicen los pagos prometidos a los maiceros, así como asegurar un precio tope de $7,000 por tonelada de maíz. La situación de 20,000 productores de riego y 5,000 de temporal, quienes no sembraron el ciclo pasado y enfrentan una grave descapitalización, requiere atención urgente. La incertidumbre está llevando a los arrendatarios de parcelas a retirarse del ciclo agrícola, causando un desasosiego que podría resultar en tierras sin cultivar y, por ende, sin producción.
El futuro se vislumbra incierto y depende en gran medida del comportamiento continuado de la temporada de lluvias. Habrá que estar atentos a cómo se gestionan las presas y cuántas hectáreas podrán ser sembradas. No obstante, la acción inmediata es fundamental: la CNA (Comisión Nacional del Agua) debe detener el derrame de agua acumulada destinada a las hidroeléctricas, priorizando la preservación del agua para los cultivos en lugar de ceder a intereses energéticos.
Ante esta adversidad, hay dos exigencias urgentes: garantizar el pago del maíz a $7,000 por tonelada y asegurar la siembra de maíz y frijol, que sufren por la falta de incentivos gubernamentales y altos costos de producción. Además, se debe constituir con carácter de urgencia una comisión para abordar la siembra y comercialización del tomate, vital para evitar la pérdida de más de 50,000 empleos entre septiembre y marzo.
El gobernador de Sinaloa tiene la responsabilidad de ser proactivo, abordando problemas que, en gran parte, son consecuencia de la inercia y la ineptitud del gobierno federal y estatal. Las quejas sobre marchas y plantones no deberían ser una sorpresa cuando su inacción es el catalizador de tales frustraciones.
En conclusión, es imperativo que los gobiernos escuchen y respondan a las necesidades de los productores, en lugar de enredarse en discursos vacíos y propaganda. La agricultura en Sinaloa está en juego, y la supervivencia de cientos de familias depende de decisiones rápidas y efectivas. La hora de actuar es ahora.