Por Jose Luis Lopez Duarte.-
En un contexto donde la equidad y la justicia social son más que palabras vacías, la presidenta Claudia Sheinbaum se enfrenta a un desafío de enormes proporciones respecto a los sistemas de pensiones en México. La información que ha llegado a sus oídos sobre el viejo y extinto Sindicato Mexicano de Electricistas (SME) revela una casta dorada que, a partir del decreto del presidente Felipe Calderón en 2007, ha dejado un legado de privilegios que hoy clama por atención. Con más de 9,457 jubilados ganando más de $100,000 mensuales de una nómina total de apenas 14,000 trabajadores, resulta imperativo revisar y reformar la ley de pensiones del país.
La situación en el SME es solo la punta del iceberg en un mar de desigualdades dentro del sistema de pensiones. Mientras que el caso de la CFE nos muestra que se destina por parte del gobierno la asombrosa cifra de 50,000 millones de pesos para pensiones —equivalentes al 10% del presupuesto total de 500,000 millones— la realidad es que muchos jubilados enfrentan precariedad financiera.
Un claro ejemplo se observa en Pemex, donde, aunque la cantidad de jubilados es mucho mayor, también se evidencian grandes disparidades.
Con cerca de 40,000 jubilados viviendo con pensiones que oscilan entre $10,000 y $20,000 mensuales, vemos cómo una de las empresas más emblemáticas del país se convierte en un microcosmos de la injusticia social.
Un contraste aún más marcado surge cuando analizamos al Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), que atiende a más de 4 millones de jubilados pero solo recibe 80,973 millones de pesos para cubrir esa carga.
La mayoría de estos jubilados apenas logran subsistir con pensiones menores a los $10,000, lo que pone de manifiesto la necesidad inmediata de una reforma que equilibre los ingresos de los trabajadores en el país. Es aquí donde la propuesta de la presidenta Sheinbaum cobra sentido; una revisión integral de los sistemas de pensiones resulta ser no solo oportuna, sino necesaria.
Sin embargo, la urgencia de la situación se hace palpable en diversas instituciones públicas. La Universidad Autónoma de Sinaloa (UAS) es un claro ejemplo de cómo las estructuras de jubilación pueden convertirse en una trampa financiera. Con 7,760 jubilados que disfrutan de una doble jubilación gracias a acuerdos contractuales, el presupuesto de la universidad se está erosionando, consumiendo el 36% de los 7,500 millones asignados anualmente. Si esta tendencia continúa, para 2026 podría abarcar hasta el 40%, en el 2027 el 46% y en el 2028 el 53% del presupuesto, poniendo en riesgo la viabilidad de la institución.
La propuesta de reingeniería del rector Jesús Madueña es, en este sentido, una llamada de alerta. Sin cambios radicales y sostenibles, la UAS enfrentará una seria crisis financiera que podría comprometer su capacidad para servir a la sociedad. En un país donde la educación es fundamental para el desarrollo, cualquier daño a estas instituciones tendría repercusiones significativas en el bienestar social.
Es necesario enfocar la mirada hacia un futuro donde se garantice la sostenibilidad del sistema de pensiones en México. Para lograrlo, es fundamental que la presidenta Claudia Sheinbaum cuente con el apoyo de todos los sectores, desde legisladores hasta ciudadanos. La oportunidad de crear un sistema de pensiones equilibrado, justo y sostenible está al alcance de la mano. Sin embargo, es vital actuar con rapidez y determinación para evitar que los errores del pasado se conviertan en las trampas del futuro. El tiempo apremia, y la responsabilidad de corregir el rumbo recae sobre todos nosotros.