Por Jose Luis López Duarte.-
En un país donde los recursos naturales son abundantes y la tierra fértil ofrece un potencial infinito, el actual gobierno federal, autodenominado de la Cuarta Transformación (4T), se encuentra atrapado en un laberinto de ineficiencia y desidia. Lo que actualmente se vislumbra como una catástrofe agrícola se traduce, irremediablemente, en la pérdida de 27,000 millones de pesos para nuestros campesinos, quienes hoy enfrentan la descomunal realidad de vivir con una utilidad ridícula de mil pesos por tonelada. Esta cifra, que equivale a un ingreso mensual de solo ocho mil pesos, sitúa a muchos de ellos en la más cruda pobreza.
Con la cosecha de 2026, ya sería la octava desde que Morena y su autoproclamada Cuarta Transformación llegaron al gobierno en 2018. Hablaban de rescatar el campo, pero los hechos hablan por sí solos: estamos viendo su bancarrota inminente. Ayer, los industriales del maíz lanzaron su diagnóstico: el gobierno no puede aplicar un precio de garantía digno de $7,200, ni siquiera con subsidios que mitiguen el dolor. Lo más que ofrecieron fue una irrisoria cantidad de $5,800 por tonelada.
Esta decisión provocó un estallido de protestas de campesinos en más de 20 estados. El efecto dominó comenzó con la toma de casetas de peaje y cierres intercalados de carreteras, y las amenazas de escalar el movimiento a niveles mayores son cada vez más reales. La economía agrícola está en una encrucijada peligrosa, sumando más caos a la administración de la 4T, que parece estar en una especie de torbellino político.
Nunca antes, en varias décadas, habíamos visto un movimiento tan temprano y contundente. Este estallido social no es una casualidad, sino el resultado de un deterioro sistemático de la economía agrícola que ha arrastrado a muchos productores hacia la inacción y la desesperanza. La 4T, que enarbola el trapo del nacionalismo, se ha comportado como el gobierno más neoliberal, desmantelando políticas públicas fundamentales para el campo mientras venden la ilusión de ser patriotas.
Particularmente, Sinaloa emerge como el epicentro de esta crisis, habiendo sufrido tres años consecutivos de mermas debido a sequías devastadoras que han reducido la superficie cultivable en un 60% y han comprometido 3 millones de toneladas de cosecha. Mientras tanto, los costos de producción han incrementado un 25%, sumando más razones para el clamor por apoyo gubernamental que nunca llega.
En este contexto, la combinación letal de inexistentes apoyos gubernamentales, industrias comprando maíz en Estados Unidos a 4,000 pesos por tonelada, y costos de producción en ascenso, tiene a nuestros agricultores en una situación desesperante. El resultado es claro: la ineficiencia política de la 4T ha llevado al campo mexicano a una encrucijada crítica.
El futuro del campo mexicano no debería ser tan complicado de salvar. El presupuesto nacional se definirá el 15 de noviembre. Si a los magros 600 millones de incremento al campo mexicano le suman otros 25,000 millones, tal vez podríamos ver un rayo de esperanza. De lo contrario, seguiremos siendo testigos de una tragedia anunciada que habrá de impactar tanto a nuestra economía como a la estabilidad social del país. Pero con este gobierno, que prioriza cuidar su imagen de honestidad sobre la efectividad, parece que el verdadero patriotismo es solo una proclamación vacía.
La reivindicación del campo no es solo una necesidad, es un imperativo moral. Y es hora de exigirlo.