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Por Jose Luis López Duarte.-

    Con la reciente toma de posesión del rector Jesús Madueña Molina para un segundo periodo en la Universidad Autónoma de Sinaloa (UAS), se abre un capítulo que promete ser fundamental no solo para la institución, sino también para el estado de Sinaloa. Los pronósticos de dos amigos, Willy Ibarra y Felipe Guerrero, no podían ser más acertados: este cuarto informe se erige como un hito que vislumbra una nueva época en medio de un contexto desafiante marcado por la inseguridad y la violencia.

    El futuro inmediato de Sinaloa es sombrío. La economía se enfrenta a una caída del 20% como consecuencia de la severa sequía, la falta de seguridad pública y el creciente clima de violencia. Esta situación no solo repercute a nivel regional, sino que amenaza con desencadenar una crisis en el producto estatal bruto de dimensiones inéditas, lo que afecta especialmente al puerto de Mazatlán. Un lugar que, tras cinco años de auge inmobiliario y turístico, hoy se ve al borde de enfrentar una crisis que podría desestabilizar su desarrollo.

    A mediano plazo, las perspectivas son igualmente inciertas. La violencia e inseguridad han permeado cada rincón del estado, y frenar esta problemática parece ser una tarea titánica. Sin una estrategia clara y contundente, el colapso podría ser inevitable, dejando a Sinaloa en una situación precaria.

    En cuanto a la sequía, el futuro es incierto. A pesar de que se prevén lluvias para este verano, la recarga de presas y mantos acuíferos no está garantizada. Este ciclo agrícola 2025-2026 dependerá de decisiones estratégicas para evitar cometer los errores del pasado, donde el desperdicio del agua fue alarmante. Así, la gestión responsable de recursos hídricos se convierte en un imperativo para la agricultura sinaloense.

    La unidad de los sinaloenses, como la que se evidenció en la defensa de la autonomía de la UAS, es crucial. El pacto propuesto por el gobernador Rubén Rocha hacia la universidad representa un inicio significativo, pero es evidente que no será suficiente. Se requiere una acción colectiva y concertada para fortalecer la seguridad pública y abordar la violencia, factores que impactan negativamente todas las actividades económicas y sociales.

    Una caída del 20% en el producto interno bruto del estado podría agravar la crisis económica hacia el 2026, complicando aún más la recuperación en un contexto nacional que ya enfrenta dificultades. Es fundamental reconocer que la pérdida de capital en un corto plazo puede tener efectos devastadores y duraderos.

    Para la UAS, uno de los retos más apremiantes es su déficit financiero, especialmente en lo que respecta a pensiones, administración del contrato colectivo y jubilaciones dinámicas. Estas cargas representan un obstáculo que debe abordarse con urgencia. El momento es propicio para implementar soluciones que no solo mitiguen el déficit, sino que también fortalezcan la capacidad de la UAS para adaptarse a las nuevas necesidades que surjan en el marco del plan institucional 2029.

    Es claro que cualquier iniciativa que busque profundizar las actividades actuales y desarrollar nuevos programas requerirá una adecuada asignación de recursos y un enfoque colaborativo entre todos los actores involucrados. Solo así, Sinaloa podrá enfrentar los desafíos que se avecinan en esta nueva era.