Por Yamir de Jesús Valdez.-
En Sinaloa, nada es casualidad. Mucho menos cuando se trata de jugadas políticas con aroma a 2027. El reciente arresto del exalcalde de Ahome, Gerardo Vargas Landeros, pese a contar con un amparo, es un acto que rebasa lo jurídico y se instala de lleno en el terreno de lo político. La escena fue cuidadosamente diseñada: agentes de la Unidad Especializada de Aprehensiones (UNESA) ejecutando la orden en su domicilio particular en Los Mochis, cámaras listas, narrativa lista. Una exhibición, más que una acción de justicia. Una estrategia, más que un cumplimiento de ley.
El argumento: no haber justificado su inasistencia a una audiencia programada el 28 de mayo. La realidad: su equipo legal presentó un comprobante médico que explicaba su imposibilidad de asistir por un padecimiento intestinal. El juez, sin embargo, desechó el justificante y giró una orden de presentación que terminó en detención. ¿Exceso de celo legal o ejecución selectiva de la justicia?
Gerardo Vargas no es un actor menor en la política sinaloense. Es un operador con estructura, con presencia territorial y con una base social real. La Fuerza Trébol, como se conoce a su organización política, tiene raíces profundas en el norte del estado y ramificaciones que atraviesan el espectro político. Morena lo sabe. La oposición también. Por eso, su figura molesta a algunos, incomoda a otros y desespera a quienes temen que su nombre esté en la boleta para la gubernatura de Sinaloa en 2027.
El proceso en su contra, que incluye los cargos de abuso de autoridad, desempeño irregular de la función pública y ejercicio indebido, está vinculado al arrendamiento de 126 patrullas por un monto de 171 millones de pesos. Tema complejo, sin duda, pero también políticamente útil para quienes hoy manejan los hilos del poder en el estado. El Congreso de Sinaloa, con una rapidez inusual, lo desaforó el pasado 2 de mayo junto con el diputado morenista Genaro García Castro. Lo hicieron de madrugada, en una sesión maratónica con sabor a consigna.
¿De verdad es la justicia la que se mueve tan ágil en Sinaloa o son las fichas del ajedrez político las que deciden cuándo y a quién se juzga? La respuesta parece clara. A Gerardo Vargas lo quieren fuera de la jugada. Su peso político es incómodo, su autonomía es molesta, su trayectoria dentro de la 4T es una paradoja para quienes quieren monopolizar el movimiento. Porque Vargas no ha salido de la Cuarta Transformación, pese a los embates. Se mantiene firme, leal, convencido de que el proyecto nacional necesita contrapesos locales, no sumisiones ciegas.
El viernes 30 de mayo por la noche, luego de varias horas de incertidumbre, recuperó su libertad. Su equipo legal se acogió al derecho constitucional de la duplicidad del término, un recurso totalmente válido que no busca eludir la justicia, sino garantizar un debido proceso. Su próxima audiencia será el 4 de junio. Pero el daño mediático ya estaba hecho. Las redes, los portales y los titulares ya lo habían colocado en el banquillo de los acusados. Y todo esto a menos de 48 horas de la jornada electoral del 1 de junio, donde los ciudadanos votarán por un nuevo Poder Judicial “más justo”, según el discurso oficial. ¿Coincidencia?
Nada más lejos de eso. El caso Vargas Landeros se ha convertido en la bandera de quienes buscan justificar una reforma judicial que, lejos de acercarnos a una justicia imparcial, parece ser el pretexto para concentrar más poder en menos manos. Exhibirlo, señalarlo, usarlo como ejemplo. Todo vale cuando el objetivo es político.
Y sin embargo, la figura de Gerardo no se ha debilitado. Al contrario. En muchos sectores, su detención fue vista como una injusticia, como una persecución. La oposición lo observa con atención, algunos incluso ya lo visualizan como el gran contrincante para la gubernatura. Dentro de Morena, el cálculo es más complejo: quitarlo de en medio es riesgoso, porque significa abrirle la puerta a un liderazgo alternativo fuera del partido. Mantenerlo cerca es incómodo, pero necesario si se quiere garantizar la unidad rumbo al 2027.
Porque más allá de la coyuntura, de los procesos judiciales y de las narrativas oficiales, hay una verdad irrefutable: Gerardo Vargas Landeros tiene con qué competir. Tiene estructura, tiene gente, tiene presencia. Y esa combinación es temida por muchos, incluso por aquellos que hoy lo acusan.
Lo ocurrido en estos días pasará a la historia como una de las jugadas más burdas del poder contra uno de sus propios cuadros. La política sinaloense, marcada por pactos y rupturas, por lealtades y traiciones, tiene en este episodio un ejemplo de cómo el poder se administra no para servir, sino para excluir.
Vargas Landeros no está vencido. Está más vigente que nunca. Su nombre no sólo está en boca de los medios, sino también en la conversación política real. Su detención, lejos de disminuirlo, lo ha colocado en una nueva narrativa: la del perseguido, la del líder que no se arrodilla, la del político que no se calla.
Y en Sinaloa, esa narrativa pesa. Más aún cuando quienes hoy mandan olvidan que la historia no la escriben los sumisos, sino los que resisten. Y Gerardo Vargas resiste.