Por Mario Kato.-
El Secretario de Seguridad Pública de Culiacán, Alejandro Bravo, quien forma parte de las fuerzas armadas, anunció que el resto de los mandos policiacos de la corporación serán sustituidos por elementos militares, no es algo nuevo, el problema es que la historia nos dice que tampoco es algo efectivo.
Quién debería darnos explicaciones de porqué renuncia a una parte significativa de su aparato gubernamental es al presidente municipal de Culiacán, Juan de Dios Gámez Mendívil, es él quien tiene la facultad de nombrar a los mandos de la SSPYTM, una corporación de esencia civil con fines de combatir el delito común y prevenir el delito.
Sabemos que en términos políticos que un presidente se oponga a “sugerencias” que vienen desde el gobierno federal, es meterse en líos políticos, sin embargo, este entreguismo no puede ser aceptado en automático por la sociedad, quienes somos los que vamos a sufrir las consecuencias de tener a mandos militares en la corporación que tiene mayor contacto con la población.
Está claro que en el marco de la guerra al interior del Cártel de Sinaloa, esta entrega de la corporación puede tener connotaciones estratégicas, sin embargo, la opacidad ha sido el sello de la casa en la Policía Municipal de Culiacán.
Aún no sabemos que hallazgos hubo en la revisión sorpresiva de armamento que se gestó a finales de 2024, la percepción hacía la sociedad es que no hubo consecuencias, y el discurso oficial es que “todo bien”, fue un chequeo de rutina, cuando no existe antecedente en que se hubiera dejado a Culiacán sin agentes por más de un mes.
Para colmo durante este año, ha habido ataques sistemáticos a casetas de la Policía Municipal, descubrimiento de patrullas clonadas patrullando la ciudad, y el arresto de siente agentes a las afueras de una clínica privada portando armas que no eran las de cargo y que amenazaron a agentes de la policía estatal que custodiaban un detenido.
Nada sabemos sobre las investigaciones de estos hechos, ni mucho menos que medidas ha tomado el municipio para evitar que se repitan estos hechos, los cuales podrían ser la razón de entregar a la SEDENA el mando de la corporación.
Nadie ve mal que esto paso si es necesario, el problema es que no se nos explique a la sociedad que está pasando, la historia nos dice que poner mandos militares solo porque sí, no garantiza nada, lo han hecho otros alcaldes, he incluso a nivel estado se hizo durante el sexenio pasado de Quirino Ordaz.
Urge que Gámez Mendívil socialicé por qué y para qué se otorga el brazo de combate a la delincuencia del municipio al ejército, que objetivos se persiguen, cuales son los plazos y por cuanto tiempo se implementará esta medida. De lo contrario, solo estamos viendo una sumisión política más por conveniencia personal que por buscar el bien común, práctica que no nos ha dejado nada bueno a los culichis.