La noción de “necropolítica” se refiere a la utilización del biopoder y biopolítica la regulación de la vida y el bienestar de la población para estructurar el poder en torno a la muerte y la violencia. Este concepto, desarrollado por el filósofo Achille Mbembe, se manifiesta claramente en contextos donde el Estado no solo falla en proteger a sus ciudadanos, sino que también se convierte en un actor que, de diversas maneras, facilita o tolera la violencia y la muerte, incluso al colaborar o ser permisibos con estructuras criminales como los carteles de narcotráfico mismas que se han convertido en tecnologías de control ciudadano.
El biopoder, en términos de Michel Foucault, se refiere al poder que se ejerce sobre la vida de las poblaciones. En contextos de alta violencia, como los enfrentamientos entre cárteles en México, el biopoder puede manifestarse como el control del territorio, la regulación de la vida cotidiana de las personas y la gestión del miedo.
En muchos países de América Latina, incluido México, la guerra entre los carteles de narcotráfico ha tenido profundas implicaciones tanto sociales como económicas. En este contexto, el Estado a menudo se encuentra en una situación de contrastes: por un lado, enfrenta la violencia y la inseguridad derivadas de la lucha entre los carteles; por otro, a menudo se ha visto involucrado o ha permitido que el narcotráfico opera en complicidad o en un contexto de omisión. Esta relación puede ser interpretada como un uso del narcotráfico como “aliado” para mantener ciertos niveles de control o como mecanismo de presión y financiamiento político.
El pasado 24 de mayo de 2025, la presidenta de la república Claudia Sheinbaum Pardo visitó el bello puerto de Mazatlán con la finalidad de promover el programa “Salud casa por casa” además de acompañarla en la puesta en marcha, la ciudadanía Sinaloense esperábamos que fijara un posicionamiento acerca de los problemas graves que golpean nuestra entidad como lo son: los 9 meses de cruenta guerra entre facciones del Cartel de Sinaloa, el problema de sequía y la economía que va en picada, eso jamás sucedió, no se habló ni por asomo de ninguno de estos temas.
Con ello podemos deducir que hay una dimensión de invisibilidad en torno a problemas de violencia, económicos y la victimización de los ciudadanos que puede ser observada desde varios aspectos:
En contextos donde el narcotráfico es una fuente de ingresos, muchas comunidades se ven atrapadas en dinámicas donde la economía legal parece insuficiente para abordar la pobreza y la falta de oportunidades. Esto crea un sentido de desesperanza que, a su vez, alimenta al narcotráfico como un “mal necesario”, sin embargo, hoy esas mismas comunidades sufren enormemente al romperse la burbuja de la gran falacia que implica el apoyo del narco.
La guerra entre carteles está llevando a un desplazamiento forzado de comunidades enteras y ciudadanos que tienen la forma y facilidad para salir de aquí, convirtiendo a muchas personas en “invisibles” para el Estado y la sociedad civil. Este fenómeno es a menudo ignorado en el discurso público, que se centra en la violencia sin abordar las consecuencias económicas que sufren los desplazados, en el caso de Sinaloa ni siquiera se menciona esa violencia o se trata de encontrar justificantes a cada hecho que ocurre, como cortos circuitos y hasta chispas de soldadores descuidados.
Las víctimas de la violencia del narcotráfico a menudo no reciben el apoyo adecuado del Estado. En lugar de ser priorizadas, sus problemáticas tienden a ser minimizadas y en esta visita presidencial fueron de plano invisibilizadas, cifras que desde que este conflicto inicio el 9 de septiembre de 2024 hasta el 27 de mayo de 2025 ascendían en cifras oficiales a mas de 1,361 homicidios, cerca de 1500 desaparecidos y más de 5,000 vehículos robados. Esto resulta en una doble victimización, donde las consecuencias del crimen son precedidas por la indolencia gubernamental y social.
En muchos casos, el Estado construye narrativas en las que minimiza o deshumaniza a las víctimas de la violencia, concentrando el discurso en la militarización y la guerra contra el narcotráfico en el caso de México en el combate a “los generadores de violencia” que eclipsa la inimaginable cantidad de vidas destruidas y las problemáticas socioeconómicas inherentes.
Además, las víctimas de la violencia y sus familias a menudo quedan en la invisibilidad, sin el debido reconocimiento ni apoyo. Esto genera un efecto de silenciamiento sobre los problemas que realmente afectan a la población, creando un ciclo de olvido y desamparo, donde la violencia se naturaliza y la lucha por justicia se convierte en una lucha casi invisible.
En Mexico y en especial en Sinaloa, historicamente diversas estructuras del Estado han colaborado con carteles de narcotráfico, permitiéndoles operar a cambio de apoyo electoral o beneficios económicos, lo que ha llevado a un ciclo de violencia e impunidad.
En cuanto a la narrativa oficial, las administraciones en ocasiones se enfocan mas en campañas mediáticas de lucha contra el narcotráfico, con ello las autoridades pueden desviar la atención de otros problemas urgentes como la corrupción, la pobreza y la falta de acceso a servicios básicos, consolidando su poder y distrayendo a la opinión pública de la ineficacia gubernamental. La narrativa de la guerra contra el narcotráfico tiende a legitimizar ciertos niveles de violencia y represión, desdibujando la línea entre el crimen y las acciones estatales que, en lugar de proteger al ciudadano, perpetúan la lógica de la necropolítica.
La Necropolítica se actualiza al “dejar morir a las personas por omisión de obligaciones del Estado” se relaciona con el fracaso de los gobiernos en cumplir con sus responsabilidades básicas de proteger y garantizar la vida de sus ciudadanos, cuando los Estados no proveen servicios de salud, educación, seguridad o alimentación, están de facto permitiendo que ciertas poblaciones sufran y mueran.
En contextos de crisis, como pandemias, desastres naturales o conflictos violentos, la falta de respuesta efectiva y oportuno por parte del Estado puede ser vista como un acto de omisión que ocasiona muertes evitables. La construcción de un orden social que perpetúa la violencia y la desigualdad también puede resultar en la muerte de grupos enteros, ya que el Estado no actúa para protegerlos.
En contextos de opresión política, los Estados pueden facilitar la muerte de disidentes o grupos minoritarios usando como herramienta para ellos a grupos del narcotráfico (aquí podemos mencionar la teoría del homicidio del maestro Héctor Melesio Cuén), agravando la situación de violencia y vulnerabilidad. La necropolitica entonces se convierte en una forma de control social a través del manejo de la vida y la muerte, donde el Estado puede manifestar su poder al decidir activamente quién recibe protección y quien no, y, en casos de omisión, al permitir que determinados grupos mueran a causa de la desatención y desinterés.
En verdad es una pena que nuestro gobierno tanto federal como estatal invisibilicen los problemas severos que tenemos en Sinaloa y que en vez de sentir que nuestra presidenta viene a escucharnos y poner orden solo se limitó a decir que el gobernador rocha está haciendo bien su trabajo y ella lo apoya.
Es cuanto.
La Necropolítica en Sinaloa
