Ciudad de México, 1 de abril de 2025.- La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo anunció que el Gobierno de México trabaja en modificaciones legales para evitar que jueces y ministros de la SCJN liberen cuentas financieras bloqueadas por la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) sin un juicio de fondo. Estas cuentas están relacionadas con presuntas actividades delictivas como lavado de dinero, corrupción o delincuencia organizada, y han sido incluidas en la Lista de Personas Bloqueadas (LPB).
Durante su conferencia matutina, la Presidenta expresó su preocupación por la práctica de algunos jueces de liberar cuentas mediante suspensiones, sin esperar a la resolución del juicio de fondo. Calificó esta situación como “corrupción” cuando existen evidencias de lavado de dinero.
Sheinbaum Pardo resaltó la necesidad de reformar leyes para que la liberación de cuentas de la LPB solo proceda tras un juicio de fondo que demuestre una mala interpretación de la UIF, y no a través de suspensiones que permiten el uso continuo de recursos de procedencia ilícita.
La Presidenta enfatizó que esta iniciativa, junto con la reforma al Poder Judicial, tiene como prioridad garantizar la cero impunidad en delitos federales como la corrupción y la delincuencia organizada. “Cuando hablamos de cero impunidad es cero impunidad para cualquier delito”, afirmó.
Por su parte, el titular de la UIF, Pablo Gómez Álvarez, explicó que la LPB es una medida preventiva para suspender recursos de origen ilícito y evitar su integración a la economía nacional. Informó que, desde diciembre de 2018 a marzo de 2025, se han incluido 7,815 sujetos en la LPB, bloqueando un total de 32,500 millones de pesos, 568.3 millones de dólares y 2 millones de euros. Sin embargo, una parte significativa de estos recursos (23,575.9 mdp) han sido desbloqueados por resoluciones judiciales.
Gómez Álvarez detalló que ya se discute en el Senado una reforma a la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita y al Código Penal para permitir al Gobierno representar al sistema financiero como ofendido en estos juicios. Además, se analiza la modificación de la Ley de Amparo para evitar su uso como instrumento para debilitar la efectividad de la LPB.
Finalmente, se refirió al caso de Inés Gómez Mont Arena y Víctor Manuel Álvarez Puga, cuya eliminación de la LPB por orden judicial les permite acceder al sistema financiero a pesar de existir órdenes de aprehensión en su contra. Se espera su extradición desde Estados Unidos para enfrentar la justicia en México.