Por: Jesús Alfonso Durán
En 2009 nació en Sinaloa el Instituto de Pensiones del Estado (IPES) con el propósito de aligerar la carga que representaban las jubilaciones de los trabajadores al servicio del estado. La idea era buena: construir un esquema sólido, con aportaciones claras y un manejo más profesional de los fondos. Pero el instituto nació con el pie izquierdo: los recursos iniciales comprometidos por la federación nunca llegaron, el mal manejo administrativo en los sexenios posteriores: durante el gobierno de Mario López Valdez se desviaron retenciones hechas a los trabajadores, así como aportaciones correspondientes al patrón que no fueron integradas al instituto, práctica que también se repitió en la administración de Quirino Ordaz. Estos desfalcos minaron aún más la viabilidad del instituto.
A pesar de estas heridas de origen, el IPES se mantiene en pie. En este contexto, resulta justo reconocer la visión de Gabriel Ballardo, en ese momento secretario general del Sindicato de Trabajadores al Servicio del Estado (STASE), quien en su momento fue cuestionado por respaldar la reforma que modificó el esquema de pensiones del Gobierno de Sinaloa. El tiempo ha demostrado que aquella decisión fue necesaria: hoy, cuando en otras entidades los institutos de pensiones enfrentan serias dificultades para pagar jubilaciones, el IPES mantiene una base sólida que, aunque imperfecta ha logrado resistir y ha evitado una crisis mayor.
El contraste es evidente cuando se mira hacia la UAS. La Universidad Autónoma de Sinaloa atraviesa hoy una crisis financiera que amenaza con paralizarla: su esquema de jubilación dinámica consume alrededor de un tercio de la nómina. Las prestaciones heredadas de décadas pasadas, sumadas a la falta de un fondo sólido, hacen que la institución se debata entre reducir beneficios o comprometer su operación cotidiana.
Lo mismo ocurre en varios municipios del estado, donde las obligaciones laborales y pensionarias, junto con deudas crecientes, absorben cada vez más los presupuestos locales. La calificadora de riesgo Moody’s ya advirtió que el gasto en pensiones se convertirá en uno de los principales riesgos financieros para gobiernos estatales y municipales.
Porque lo que está pasando en la UAS y en los municipios de Sinaloa es una advertencia: cuando no se actúa a tiempo, la bomba de las pensiones termina por estallar.
La lección es clara: lo que en su momento pareció una reforma cuestionable la creación de la Ley de Pensiones del Estado de Sinaloa, hoy se revela como un movimiento necesario. No significa que el instituto esté a salvo: urge una reforma de segunda generación que deje atrás las cuentas individuales y construya un esquema que garantice jubilaciones equivalentes al 100% del sueldo, con aportaciones compartidas entre trabajadores y patrón, así como un verdadero compromiso del Estado para blindar los recursos del instituto.
Un IPES fuerte y blindado, transparente y sustentable, es indispensable. no solo asegura justicia para los trabajadores que entregaron su vida al servicio público, sino que también fortalece las finanzas del estado al dar certidumbre y estabilidad a uno de los rubros más sensibles: el derecho a una pensión digna.
Lo anterior es la opinión a contra pelo de su servidor, se vale disentir.