El Salvador. – En un aparente desafío a una orden judicial estadounidense, un avión con más de 200 venezolanos deportados por Estados Unidos aterrizó en El Salvador, generando una controversia internacional. La acción se produjo horas después de que un juez federal intentara frenar las deportaciones ordenadas por el gobierno de Donald Trump, quien invocó una ley de 1798 para justificarlas.
El presidente salvadoreño, Nayib Bukele, confirmó la llegada a través de sus redes sociales, informando que 238 presuntos miembros de la banda criminal venezolana Tren de Aragua y otros 23 supuestos integrantes de la pandilla Mara Salvatrucha (MS-13) arribaron al país centroamericano en la madrugada del domingo.
La noticia de las deportaciones tomó un cariz polémico luego de que se conociera que el juez del Distrito de Columbia, James Boasberg, había emitido una orden para detener durante 14 días las expulsiones basadas en la Ley de Enemigos Extranjeros. Esta ley, raramente utilizada y que data de finales del siglo XVIII, permite al gobierno detener y expulsar a personas consideradas una amenaza en tiempos de guerra, sin las garantías del debido proceso. Trump había declarado previamente que el Tren de Aragua representaba una “invasión o incursión predatoria” contra territorio estadounidense.
La burla del presidente Bukele no se hizo esperar, quien publicó un lacónico “¡Uy!… demasiado tarde” en respuesta a la noticia de la orden judicial. Acto seguido, informó que los deportados fueron trasladados al Centro de Confinamiento del Terrorismo (Cecot) por un periodo inicial de un año, renovable. Bukele también mencionó un acuerdo con Estados Unidos, señalando que “EE.UU. pagará una tarifa muy baja por ellos, pero una alta por nosotros”, en referencia a un reporte de AP sobre un posible acuerdo para albergar a unos 300 migrantes por US$ 6 millones.
La Casa Blanca, a través de su vocera Karoline Leavitt, negó haber desobedecido la orden judicial, argumentando que los tribunales federales carecen de jurisdicción sobre las decisiones de política exterior del presidente. “Un solo juez en una sola ciudad no puede dirigir los movimientos de un portaaviones lleno de terroristas extranjeros que fueron expulsados físicamente de territorio estadounidense”, afirmó Leavitt.
Por su parte, el secretario de Estado de EE.UU., Marco Rubio, agradeció a Bukele por aceptar a los deportados, calificándolo como “el líder de seguridad más firme de nuestra región”, y confirmó que las deportaciones se realizaron bajo la Ley de Enemigos Extranjeros, sin mencionar la orden judicial.
El gobierno venezolano, a través de un comunicado, rechazó enérgicamente la decisión de Trump, tildándola de “anacrónica” y “violatoria de los derechos humanos”, comparándola incluso con episodios oscuros de la historia como la esclavitud y los campos de concentración nazis.
Adicionalmente, familiares de algunos de los deportados hicieron un llamado al presidente Bukele para que se investigue individualmente cada caso, asegurando que muchos de los enviados a El Salvador no pertenecen al Tren de Aragua y se entregaron a las autoridades estadounidenses por falta de recursos.