Culiacán, Sinaloa, 23 de septiembre de 2026.- Viajar por las carreteras de Sinaloa y Sonora se ha convertido para muchos ciudadanos en una experiencia de incertidumbre. A la inseguridad que desde hace años golpea las vías de comunicación se suma la proliferación de retenes y puntos de revisión en los que aparecen elementos federales y las llamadas “madrinas” que participan en inspecciones de vehículos, equipajes y pertenencias. Las denuncias son reiteradas y algunas son especialmente graves: viajeros que aseguran, y que ellos han documentado a través de redes sociales, el haber sido intimidados, extorsionados y hasta despojados de dinero. Es decir, ciudadanos que en lugar de sentirse protegidos terminan siendo atracados precisamente en lugares donde supuestamente debería garantizarse su seguridad.
En Sinaloa existen puntos que desde hace tiempo generan inconformidad. Uno de ellos se instala en las inmediaciones de Las Brisas, en la conexión con la autopista estatal Benito Juárez, corredor Culiacán-Las Brisas. Otro se encuentra en la zona de El Carrizo, al norte del estado, además de otros filtros sobre la carretera México 15. Las quejas no son nuevas. En Las Brisas se han denunciado públicamente desde años atrás extorsiones de elementos de la Policía Misterial Federal; en El Carrizo, apenas durante este 2026, múltiples ciudadanos volvieron a denunciar revisiones irregulares, abusos y despojos de dinero y pertenencias.
El problema no termina en Sinaloa. Quienes recorren Sonora rumbo al sur, particularmente los mexicanos que regresan de Estados Unidos después de meses de trabajo y ahorro, deben atravesar numerosos puntos de inspección. Apenas este mes se hizo público el caso de una pareja de adultos mayores que denunció haber sido despojada de mil 400 dólares en un supuesto retén oficial cercano a Santa Ana; la Fiscalía de Sonora abrió una investigación. También existen testimonios de otros viajeros que aseguran haber perdido dólares y pesos durante revisiones. Sea que se trate de servidores públicos o de delincuentes haciéndose pasar por autoridades, la pregunta es exactamente la misma: ¿dónde está el Estado y quién está vigilando las carreteras?
La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece en su artículo 16 que nadie puede ser molestado en su persona, familia, domicilio, papeles o posesiones sino mediante un acto de autoridad competente debidamente fundado y motivado. La seguridad pública no constituye un cheque en blanco para detener indiscriminadamente a los ciudadanos, revisar sus pertenencias o permitir que personas cuya identidad, cargo y facultades nadie conoce metan las manos en automóviles, maletas y bolsillos. Mucho menos puede utilizarse un uniforme, una patrulla o un punto de revisión como mecanismo de intimidación o para obtener dinero de quienes transitan por una carretera.
Pero existe un antecedente todavía más delicado. El 8 de junio de 2020, la propia Fiscalía General de la República ordenó a los integrantes de la Policía Federal Ministerial abstenerse de realizar filtros de revisión o retenes en carreteras federales, zonas fronterizas, aeropuertos y otras vías de comunicación. La instrucción estableció excepciones relacionadas con flagrancia o con indicios vinculados a investigaciones previamente iniciadas. La Guardia Nacional fue incluso advertida para reportar esos puntos de inspección, luego de conocerse que la Policía Federal Ministerial utilizaba personas que no pertenecían a la institución, identificadas en la jerga policiaca precisamente como “madrinas”.
Entonces la pregunta resulta inevitable. Si la propia FGR prohibió hace años estas prácticas, ¿por qué continúan los retenes? Y si quienes los operan actualmente no son elementos de la Fiscalía General de la República o de la Policía Federal Ministerial, entonces la situación sería todavía más grave: ¿quiénes son? ¿Con qué autoridad detienen vehículos? ¿Quién les permite revisar personas y pertenencias? ¿Quién responde por los abusos denunciados? Y, sobre todo, ¿cómo es posible que Guardia Nacional, Ejército y demás autoridades que recorren diariamente estas carreteras permitan la permanencia de puntos de revisión cuya legalidad, operación y personal deberían estar perfectamente identificados?
De poco sirven los discursos, operativos y planes nacionales de seguridad si un ciudadano puede recorrer cientos de kilómetros temiendo no solamente a la delincuencia organizada, sino también a quien le marque el alto vestido como autoridad. Una carretera segura no es aquella donde abundan hombres armados y retenes, sino aquella donde una familia puede desplazarse sin miedo a ser intimidada, golpeada, extorsionada o despojada de lo que legítimamente le pertenece. La autoridad que combate el delito tiene la obligación adicional de demostrar que ella misma actúa dentro de la ley.
La FGR debe explicar públicamente quién instala y opera estos retenes en Sinaloa, qué resultados ofrecen, qué sustento jurídico tiene cada punto de revisión, quiénes son las llamadas “madrinas” y por qué se toleraría la participación de civiles en tareas propias de la autoridad. Lo mismo corresponde a las instituciones federales responsables de las carreteras. Porque si son autoridades quienes cometen los abusos denunciados, deben investigarse y sancionarse; y si no son autoridades, la pregunta resulta todavía más preocupante: ¿por qué quienes tienen la obligación de proteger a los ciudadanos los dejan actuar?