- Banxico cierra 2024 bajando la tasa de interés 25 puntos base
El pasado 19 de diciembre, Banco de México (Banxico) dio a conocer su última anuncio de política monetara disminuyendo 25 puntos base (0.25%) la tasa líder de interés, dejándola en un nivel de 10.00 por ciento.
¿Qué significa esto? No es otra cosa más que la orientación de abaratar el precio del dinero al influir esta disminución en la baja de tasas de la banca comercial, la llamada banca de primer piso, la que atiende al público en general, al ciudadano común o como puso de moda en su momento José Saramago al “ciudadano de a pie”.
Desde luego esta es sólo una -pero la mas importante- de sus implicaciones. También significa un estímulo a la economía siguiendo la máxima de que “el crédito mueve al mundo” y manda un mensaje de que el combate a la inflación va por buen camino, al situarse actualmente en 4.44 %, razonablemente cerca del objetivo institucional del 3% con un margen de maniobra +-1%.
De acuerdo al comunicado de Banxico, se espera que la tasa de interés siga bajando durante el 2025 y según los especialistas llegaremos a diciembre del 2025 con la tasa en un nivel del 8% y con la inflación anhelada del 3%. Constitucionalmente (artículo 28 de nuestra Carta Magna) el objetivo único de nuestro banco central es mantener este nivel ideal de inflación sin dejarse influir por otras variables, como en EU, que la FED está obligada a velar tanto por la inflación como por el “pleno empleo”, un debate interesante que nunca ha perdido vigencia.
- Moderado optimismo en Hacienda y Banxico sobre la estabilidad financiera
Como es tradición de fin de año, sesionó el Consejo de Estabilidad del Sistema Financiero, instancia conformada bilateralmente entre funcionaciones de la Secretaría de Hacienda y el Banco de México, y cuya finalidad es identificar los factores de riesgo que podrían alterar la “buena” marcha de la economía.
Esta es una instancia que se creó en México y en los países del G20 a raíz de la amarga experencia de la crisis económica mundial del 2009, llamada por los especialistas como la Gran Recesión (para diferenciarla de la Gran Depresión de 1929), teniendo como finalidad homologar políticas de buen gobierno en materia financiera.
Resulta interesante analizar el moderado optimismo del comunicado conjunto que están obligados a emitir ambas instituciones, pues tradicionalmente los informes unilaterales de la Secretaría de Hacienda (lease el gobierno federal) desbordan optimismo o se caracterizan por ver siempre el vaso medio lleno.
En primer lugar, en el comunicado conjunto se reconoce que “En México, los mercados financieros locales se vieron afectados (en este año), por una parte, por los señalados episodios de volatilidad e incertidumbre experimentados a nivel internacional, así como por la evolución del panorama de riesgos idiosincráticos, por la otra.”
Y de acuerdo a “La información disponible, si bien limitada, sugiere que la actividad económica nacional habría mostrado atonía al cierre de 2024 tras el repunte registrado durante el tercer trimestre, por lo que se estima que el crecimiento agregado para este año se haya desacelerado con respecto a 2023.”
Es decir, la Secretaría de Hacienda reconoce como más certeras las expectativas de Banxico de un deterioro en las perspectivas de crecimiento de la economía del país, más cercanas a un bajo aumento del PIB de 1.5% y no el exagerado 3% del secretario Rogelio Ramírez de la O. Es decir, cerramos 2024 financieramente estable pero con las expectativas de crecimiento a la baja.
- Numeralia del presupuesto federal aprobado, pocos cambios y respetando finalmente a las universidades
En México, la aprobación del presupuesto federal es una facultad exclusiva de la Cámara de Diputados, como igual pasa en España y en Estados Unidos. Un asunto tan importante, la asignación del dinero público que refleja mejor que nada las prioridades del gobierno, se reserva a la camara que encarna la representación popular, a diferencia del Senado que doctrinariamente su función es ser depositario del pacto federal.
Algunos puntos importantes a destacar del presupuesto aprobado, son los siguientes:
- El monto total autorizado fue de 9,302 mil millones de pesos, o 9.3 billones (millones de millones) de pesos, como mejor guste frasearse.
- Fue aprobado sin concesiones por la mayoría calificada de Morena y aliados en lo general con 349 votos a favor, 129 en contra y cero abstenciones. Los cambios respecto a la propuesta original del Ejecutivo fueron menores, con un reajuste total de alrededor de 44 mil millones de pesos, menos del 0.5% del total. Los diputados de oposición presentaron 1,029 reservas en la discusión en lo particular, pero ninguna fue aprobada, como en los tiempos del régimen de “partido hegemónico pragmático” (Sartori dixit).
- Principales perjudicados: 1) El Poder Judicial con una disminución de 14 mil millones, con la mayor parte correspondiendo al Consejo de la Judicatura. 2) El Instituto Nacional Electoral (INE) con 13.5 mil millones, pero con la promesa de que contará con los recursos para realizar la elección del poder judicial. 3) Una disminución de 2.7 mil millones en diferentes ramos autónomos incluyendo el Instituto Federal de Telecomunicaciones (-1.2 mil millones), Comisión Federal de Competencia Económica (-488 millones) y el Instituto Nacional de Acceso a la Información (-494.1 millones).
- Venturosamente entre las reasignaciones salió favorecido el ramo de Educación Pública con 15 mil millones, destinado en varios frentes, pero concentrados en recursos para universidades.
- Lamentablemente sigue creciendo la economía informal
El Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) acaba de publicar los datos de medición de la economía informal para el año 2023. Como es muy sabido, México tiene una de las tasas de informalidad más alta de latinoamérica y el mundo. En consecuencia la mayoría de la gente labora en el mercado sin prestaciones sociales de ley, por eso las autoridades federales prefieren hablar de tasas de ocupación y no de tasas de empleo.
Pues bien, para el año 2023 el INEGI afirma que la economía informal participó con 24.8% del producto interno bruto (PIB) nacional. El año anterior 2022, contribuyó con el 24.2%, lo que representa un aumento de 0.4 puntos porcentuales.
Asimismo, señala que del total de la economía informal, el sector informal (micronegocios que no cuentan con registros legales) aportó al PIB 13.8% y las otras modalidades de empleo (trabajadores de la agricultura, el servicio doméstico y toda variedad de trabajo sin protección legal en materia laboral), 11.0 por ciento. La participación de la economía informal aumentó con respecto a 2022. El sector informal creció 0.5 puntos en su tasa de participación y las otras modalidades de empleo disminuyeron 0.1 puntos porcentuales.
Este es uno de los grandes pendientes de México desde hace muchos años. El 54 por ciento de la clase trabajadora se encuentra en la informalidad y labora sin prestaciones de ley que le auguren un buen nivel de vida y una vejez con protección e ingresos suficientes. Nuestro gobierno presume constantemente una “tasa de desempleo” del 3% cuando en realidad se trata de una “tasa de desocupación”, porque la gente busca una ocupación que le permita subsistir, sin importar la precariedad y las condiciones.
El acceso al empleo, concepto que implica prestaciones laborales, es insuficiente para cubrir la demanda del millón de trabajadores que se incorporan al mercado cada año. Esa es la explicación cruda y dura de la interminable migración mexicana hacia los Estados Unidos, un país que generar 250 mil empleos formales cada mes.
- Informe del INE sobre violentadores de género
A principios de este mes, en el INE se presentó el décimo séptimo “Informe correspondiente al registro nacional de personas sancionadas en materia de violencia política contra las mujeres en razón de género” (RNPS). Se trata de un documento importante debido a las implicaciones que tiene para las personas involucradas, dado que dependiendo de la resolución judicial, puede inhabilitar a cualquier ciudadano para ser candidato a un cargo de elección popular.
Es importante recordar que este instrumento normativo es consecuencia de una sentencia del Tribunal Electoral (SUP-REC-91/2020) donde la Sala Superior consideró que “además de los institutos locales, el INE debe crear un registro nacional de personas sancionadas en materia de violencia política contra las mujeres en razón de género, para que desde el ámbito de su competencia genere una herramienta que contribuya de forma adecuada y eficaz a la erradicación de la violencia política contra las mujeres en razón de género”.
Y de acuerdo al Informe, a partir de la creación en el año 2020 y hasta diciembre del presente año, existen en total 473 personas registradas por esta falta, mismos que se encuentran disponibles para consulta pública en el padrón histórico. Actualmente son 430 las personas inscritas por diversos motivos o faltas, desagregadas de la siguiente manera: 87 mujeres, 343 hombres. Es decir, el 80% de las personas inscritas son hombres, mientras que el 20% son mujeres.
En prácticamente todos los estados de la república, mediante sentencia firma, se ha inscrito a violentadores de género en el registro, con temporalidades y sanciones que llegan incluso a la inhabilitación para ser candidatos o aspirantes a la dirigencia de su partido. Actualmente por ejemplo, está inscrito el excandidato presidencial y reciente diputado federal Gabriel Quadri, sancionado por expresiones inapropiadas en el reciento de San Lázaro contra una legisladora trans. Pero se ha llegado a sancionar temporalmente en el pasado, por ejemplo, al actual presidente del Senado, Gerardo Fernández Noroña, debido a unas expresiones que profirió contra la diputada panista Adriana Dávila.
En la página del INE se pueden consultar los 430 nombres que actualmente están inscritos y el motivo de su sanción, y de acuerdo a las leyes electorales aplicables las consecuencias que les puede derivar. México es un ejemplo mundial en materia de paridad de género y acceso de las mujeres a cargos de elección popular. Y es justo reconocer que instrumentos como el Registro Nacional de Personas Sancionados (RNPS) también son parte de este avance mexicano en la protección de los derechos políticos electorales de la mujer mexicana.
Vicepresidente del Colegio de Economistas de Sinaloa.