CHISPAZO
Por Felipe Guerrero Bojórquez.-
Estados Unidos vuelve a agitar la espada del combate al narco en México, pero lo hace con un efecto cada vez más desgastado: anuncia, presiona, filtra, acusa y vuelve a anunciar. El problema no es sólo la dureza del discurso; el problema es que la repetición ha convertido la advertencia en ruido.
Es la de Washington una amenaza que se repite demasiado sin una ejecución clara. Por eso la sociedad ha dejado de creerle y empieza a verla como una coreografía política. Y es en ese punto donde emerge el parangón con la fábula de “ahí viene el lobo”.
A partir de la acusación pública contra el gobernador con licencia, Rubén Rocha Moya, y otros funcionarios sinaloenses, Washington colocó sobre la mesa una narrativa explosiva: la del poder político ligado al crimen organizado. La imputación llegó con requerimientos de detención provisional con fines de extradición, y México respondió exigiendo pruebas, pruebas y rechazando la solicitud con base en que los señalamientos gringos no estaban demostrados. Ese intercambio, en abstracto, pertenece al terreno jurídico, pero en la práctica detonó una guerra de dimes y diretes en el ámbito geopolítico.
Lo verdaderamente grave es que el caso dejó de ser sólo un conflicto y se convirtió en símbolo. Para unos, prueba de que el Estado mexicano tolera o protege vínculos criminales en sus propias estructuras. Para otros, evidencia de una presión estadounidense que mezcla justicia con geopolítica y soberanía con propaganda. En ambos lados hay exceso de política y déficit de transparencia. Hay aquí conveniencia traducida en información parcial, y ante ello el vacío lo llenan la especulación y la sospecha.
La propia presidente Claudia Sheinbaum y la FGR insisten en que no hay elementos concluyentes para actuar con la velocidad que exige Washington. Esa postura no solo ha sido cuestionada jurídicamente, sino que políticamente resulta cada vez más frágil porque quienes están bajo la lupa tienen 90 días desaparecidos de la escena pública bajo una opacidad fuera de toda norma, que solo confirma o al menos alimenta la sospecha de la protección impune. En una crisis así, desaparecer no es neutral: comunica miedo, protección o pacto. Y cualquier lectura de ese tipo erosiona la credibilidad del poder.
Estados Unidos, por su parte, también juega en un escenario donde dice tener pruebas pero no las muestra ni actúa. Es decir, acusa con tono contundente pero no exhibe con cierta claridad el tramo probatorio que sostiene sus señalamientos y con ello convierte su justicia en presión diplomática. Washington habla de “narcopolíticos” como categoría amplia, y eso mismo lo pone en la línea de politizar una causa que debería sostenerse sobre ciertas pruebas, no sobre estigmas. El resultado pudiera parecer perverso, porque el combate al crimen deja de parecer una política pública y empieza a verse como una herramienta de intervención selectiva.
¿Qué tanto le importa a Estados Unidos la sociedad mexicana como para creerle que vendrá por los narcopolíticos? Esa es la percepción ahora con tanta venidera del lobo.
Ahí está el centro del problema. La repetición de advertencias vacías destruye su propia eficacia. Washington insiste en que “va por” funcionarios y capos, pero el golpe no llega o llega fragmentado y la narrativa se le desgasta.
En tanto el gobierno mexicano responde con silencio, evasivas o victimismo soberanista, pero también se hunde en su propia retórica. Uno amenaza sin concretar; el otro se defiende sin explicar. Y así, entre ambos juegos y posiciones, la sociedad recibe la misma lección de siempre: la impunidad tiene mejores abogados que la verdad.
La consecuencia es política y social. Política, porque el caso refuerza la idea de que las élites se protegen entre sí mientras se culpan mutuamente. Social, porque amplifica la percepción de que en México el poder y el crimen se abrazan con demasiada frecuencia como para seguir fingiendo sorpresa. Y esa percepción ya está normaliza, no hay duda. El costo por lo tanto no es reputacional, es institucional. El sistema de leyes, la justicia en sí, deja de ser confianza pública y se vuelve sospecha permanente.
Por eso la imagen del lobo encaja muy bien. No porque el peligro sea imaginario, sino porque la alarma se ha desgastado por abuso. Si realmente hay pruebas, que se presenten y se judicialicen con limpieza. Si no las hay, que Washington deje de usar la insinuación como método. Y si en México existen responsables, que el gobierno deje de esconderse detrás de la soberanía para protegerlos o negociar con ellos. Lo intolerable es la zona gris: esa zona donde nadie aclara, nadie responde y todos calculan.
En conclusión: la amenaza repetida sin desenlace claro se vuelve farsa; la mudez interna sin explicación se vuelve complicidad; y la justicia usada como presión política termina desacreditada. Eso es lo que hoy vive el país. No una historia de certezas, sino una disputa de relatos donde el ciudadano común vuelve a quedar atrapado entre el miedo, la desconfianza y la sospecha de que, una vez más, los poderosos juegan entre ellos mientras la verdad y la aplicación de la justicia siguen sin aparecer.