Caracas/Washington, 3 de enero de 2026 – La caída de Nicolás Maduro ha desatado un terremoto geopolítico cuyas réplicas apenas comienzan a sentirse. En Venezuela, el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) ha ordenado a la vicepresidenta Delcy Rodríguez asumir la presidencia interina, calificando la captura de Maduro como un «secuestro imperialista» y llamando a la «unión cívico-militar» para resistir la ocupación. Mientras tanto, las calles de Caracas presentan un panorama dividido: barrios populares muestran tensión y focos de protesta, mientras que en otros sectores reina un silencio expectante por la falta de servicios básicos.
Por el contrario, el júbilo estalló en comunidades de la diáspora. En Doral, Miami, miles de venezolanos salieron a las calles con banderas y cánticos para celebrar lo que consideran el fin de una era. Sin embargo, en el ámbito diplomático, la situación es crítica. Países como Rusia y China han condenado enérgicamente la incursión militar, mientras que la FAA de Estados Unidos ha prohibido todos los vuelos comerciales hacia territorio venezolano debido a la «actividad militar en curso».
En Washington, el debate interno es feroz. Miembros del Congreso, liderados por figuras demócratas, han cuestionado la legalidad de la operación bajo la Resolución de Poderes de Guerra, argumentando que el Ejecutivo actuó sin la autorización previa necesaria. Por otro lado, sectores republicanos celebran el éxito de la misión como una victoria definitiva contra el narcotráfico regional. La comunidad internacional observa con cautela, temiendo que el vacío de poder derive en un conflicto civil prolongado.