EN LA RAYA
Por Jose Luis López Duarte.-
Hace tres años, en plena presidencia de Andrés Manuel López Obrador, se desató una polémica campaña contra los productores privados de energía eléctrica en México. Este sector, que había crecido exponencialmente en la última década, había logrado producir más energía que la Comisión Federal de Electricidad (CFE), la empresa estatal. Para el gobierno de la Cuarta Transformación (4T), esta realidad era una “vergüenza política e ideológica” insoportable. Sin embargo, lo que realmente salía a la luz era la obsolescencia y fracaso del modelo de negocios estatal, incapaz de competir con un sector privado que, a base de eficiencia, tecnología y conciencia ambiental, producía energía más limpia, rentable y en mayor cantidad.
Cabe destacar que en esos años, la producción privada superaba a la CFE no sólo en volumen, sino también en calidad y costos. Esta realidad desmentía de forma patente el discurso oficial que pretendía presentar a la empresa estatal como una “empresa de clase mundial”. Más bien, evidenciaba que la 4T no comprendía ni aceptaba la modernización del sector energético que demandaba un país en crecimiento y en proceso de apertura industrial. La idea de mantener un monopolio estatal, ideológicamente puro, chocaba frontalmente con las necesidades prácticas del mercado y el avance tecnológico global.
Frente a esta encrucijada, la respuesta oficial no fue estimular la competencia ni buscar mejoras conjuntas, sino desgastar y presionar al sector privado, apuntando con especial vehemencia a empresas extranjeras como Iberdrola, la gigante española con trece plantas de ciclo combinado en México. El Gobierno de López Obrador decidió comprar estas plantas por 6,200 millones de dólares para incrementar la participación estatal hasta el 56% de la producción nacional y así reivindicar la “soberanía energética”. Pero esta maniobra estuvo plagada de engaños y malos entendidos. Primero, porque los activos no pasaron directamente a ser propiedad del Estado, sino que fue la empresa privada mexicana Quantum Energía quien realizó la operación mediante adquisición de acciones. Segundo, porque esta supuesta “recuperación” no resolvía los problemas estructurales ni de eficiencia de la CFE.
Como consecuencia de la política errática y la falta de inversiones estratégicas durante el sexenio, México enfrenta hoy un déficit creciente en la generación eléctrica, incapaz de satisfacer la demanda interna. Esta situación obliga al país a recurrir a importaciones eléctricas, lo cual es paradójico para un país que se jactaba de la “soberanía energética” y se recusaba a las alianzas público-privadas. La aceleración del nearshoring y la mayor industrialización —junto con el crecimiento demográfico— han elevado la demanda de electricidad a niveles que el sistema actual no puede cubrir. El abandono de inversiones necesarias en generación y transmisión durante el gobierno de la 4T explica este daño tangible.
No es casualidad que la ideologización extrema de la economía haya llevado a este punto. Mientras el gobierno anterior (Peña Nieto) calculó para 2013 y 2018 que México requería invertir cerca de 50,000 millones de dólares en infraestructura eléctrica para alcanzar las metas previstas en 2030 y 2040, la 4T redujo esos montos a apenas 13,500 millones en cinco años. Esta reducción drástica no sólo fue insuficiente para mantener, mucho menos para expandir, la capacidad instalada; fue un desprecio deliberado de los lineamientos técnicos y económicos necesarios para garantizar el suministro energético nacional.
En suma, la soberbia ideológica y el afán de control estatal a toda costa han detenido el desarrollo efectivo del sector eléctrico en México. En lugar de fortalecer a la CFE con políticas inteligentes de inversión, innovación y alianzas con el sector privado, el gobierno optó por un camino que ahora se traduce en déficit, inseguridad energética y un serio obstáculo para el crecimiento económico del país. Este caso es emblemático de la contradicción entre la retórica política y la realidad económica, y su costo lo pagamos todos los mexicanos hoy, cuando el país requiere más que nunca energía confiable y accesible para su desarrollo.