La tragedia ocurrida en Guanajuato el pasado mes de junio —donde la ingesta de un falso tequila adulterado con metanol dejó un saldo de al menos seis muertos y más de 30 personas con ceguera o daño neurológico permanente— ha puesto de relieve una fisura estructural en la política fiscal y de salud pública en México.
Detrás del consumo de bebidas apócrifas no solo hay un delito sanitario, sino un incentivo económico derivado del actual esquema fiscal: cerca del 40% del alcohol que circula en el mercado nacional es ilegal o no paga los impuestos correspondientes, generando una evasión fiscal estimada en 19 mil millones de pesos anuales, una cifra que creció en 5 mil millones de pesos durante los últimos cinco años.
La paradoja fiscal: a mayor calidad, mayor castigo
El problema de fondo radica en la arquitectura del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS) aplicado al alcohol. Actualmente, México utiliza un modelo ad valorem, el cual grava el precio del producto y no su contenido de alcohol:
- Hasta 14° G.L.: 26.5%
- De 14° a 20° G.L.: 30.0%
- Más de 20° G.L.: 53.0%
Este diseño genera una paradoja de mercado: cuanto más alto es el costo de producción formal, la trazabilidad sanitaria y la calidad del insumo, mayor es la carga tributaria en pesos. En contraste, el mercado ilícito —al operar con costo cero de impuestos y regulaciones— compite agresivamente vía precio.
Un tequila artesanal o de proceso regulado puede alcanzar en anaquel los 450 pesos, mientras que en plataformas digitales como Facebook o WhatsApp se comercializan destilados adulterados por montos que oscilan entre los 100 y 190 pesos.
La ruta digital y la ineficacia de las «Leyes Secas»
El comercio informal ha encontrado en las redes sociales y plataformas de comercio electrónico un canal expedito para burlar los controles del Consejo Regulador del Tequila (CRT) y la Cofepris. Prácticas como el rellenado clandestino, la clonación de sellos y la reutilización de envases proliferan sin fiscalización directa.
A la par, especialistas y cámaras de comercio advierten que herramientas de contención tradicionales como las «Leyes Secas» resultan contraproducentes. Lejos de frenar la demanda, la suspensión temporal en el canal formal desplaza a los consumidores hacia el mercado negro, donde el riesgo de consumir alcohol adulterado es significativamente más alto.
La propuesta: Un IEPS «ad quantum» por grado de alcohol
Ante este escenario, la iniciativa MODERNIZA IEPS plantea una reestructuración de la política fiscal para pasar de un esquema ad valorem a uno ad quantum (cobro fijo por litro y grado de alcohol).
El objetivo es nivelar el terreno de juego entre competidores, reducir la brecha de precios que vuelve atractivo el alcohol ilegal y simplificar la recaudación para frenar la facturación apócrifa.
«El problema no se combate castigando a quien cumple, sino cerrando la brecha que hace atractivo lo ilegal. Un IEPS moderno, cobrado por contenido de alcohol, junto con una mejor información al consumidor, protege a la vez la salud pública y la recaudación.» refiere Moderniza IEPS
Claves para identificar una bebida legítima
Para mitigar el riesgo en el punto de venta, la industria y los organismos reguladores sugieren atender los siguientes criterios básicos de verificación:
Lugar de compra: Adquirir únicamente en establecimientos formales y autorizados.
Elementos de seguridad: Confirmar la presencia del marbete de la SHCP, la etiqueta con la Norma Oficial Mexicana (NOM), la marca registrada y la graduación alcohólica.
Integridad del envase: Verificar que las tapas, sellos y etiquetas no muestren huellas de manipulación o rellenado.
Canales digitales: Evitar la compra en páginas no verificadas de Facebook, WhatsApp o Marketplace. En el caso del tequila, se recomienda validar productores a través de la aplicación DOT 360 del CRT.
Comprobante: Exigir y conservar el ticket o factura de compra.