Caracas, 3 de enero de 2026 – Lo que comenzó como una serie de estallidos aislados en la madrugada del sábado se transformó rápidamente en una operación aérea de gran envergadura ejecutada por las fuerzas armadas de Estados Unidos. Bajo la supervisión directa del presidente Donald Trump desde Mar-a-Lago, más de 150 aeronaves participaron en lo que el Pentágono describió como un «ataque selectivo a gran escala» para neutralizar la capacidad de respuesta del gobierno venezolano.
Los objetivos principales fueron nodos críticos de mando y control. Las explosiones más potentes se registraron en la Base Aérea La Carlota y el complejo militar Fuerte Tiuna, donde residentes reportaron sobrevuelos de aeronaves a baja altura y el uso de misiles de precisión que dejaron inutilizadas las defensas antiaéreas. Otros puntos impactados incluyeron instalaciones de transmisión en El Hatillo y centros logísticos en los estados de Aragua y Miranda, dejando a gran parte de la capital sumida en apagones intermitentes.
Sin embargo, el costo humano ha comenzado a salir a la luz. Según reportes del New York Times, se estima que entre 40 y 100 personas han fallecido, incluyendo tanto a efectivos militares como a civiles. Una de las víctimas identificadas es Rosa González, una mujer de 80 años que murió tras el impacto en un edificio residencial en Catia La Mar, cerca del aeropuerto. El gobierno venezolano, a través de su Ministerio de Defensa, ha denunciado estos hechos como un «crimen de guerra» contra la población civil.